Asustados, demacrados, encadenados y apiñados en una pequeña habitación de algún punto inconcreto de Libia. Un vídeo publicado en las redes sociales días atrás muestra a al menos 260 personas, la mayoría emigrantes o refugiados somalíes y etíopes, que suplican por su libertad y denuncian torturas y malos tratos por parte de sus captores. Las imágenes, grabadas por un periodista somalí basado en Turquía que recibió una llamada por Skype de traficantes de personas, corrobora las denuncias de torturas, y secuestros en Libia, donde miles de personas llegan con la intención de seguir su ruta hacia Europa. En el vídeo, varios hombres y mujeres explican que les han arrancado los dientes, roto algún hueso o llevan varios días sin comer, y que los contrabandistas exigen a sus familias entre 8.000 (7.840 euros) y 10.000 dólares (8.925 euros) para liberarles.

Aunque no ha podido determinar la localización exacta de las imágenes, la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) cree en su autenticidad y se mostró “profundamente preocupada” por la suerte de los rehenes. Othman Belbeisi, jefe de misión de OIM en Libia, aseguró que su organización “ya está trabajando junto a todos sus socios en el terreno para localizar a los inmigrantes. OIM apoya los esfuerzos de Libia en la lucha contra las redes de trata de personas”.

A pesar de que la táctica de realizar secuestros masivos para pedir pequeñas cantidades a sus familias se produce desde hace años en partes de Latinoamérica o de la región del Sáhara, se trata de un problema al alza en Libia, que es actualmente el mayor puerto de salida al Mediterráneo de quienes quieren alcanzar Europa. Este año, más de 61.000 personas han alcanzado Italia desde las costas libias, un 35% más que en las mismas fechas del año pasado. La guerra y la ausencia de ley en territorio libio desde la caída del dictador Muamar el Gadafi en el año 2011 ha dejado las manos libres a las mafias, que al negocio del traslado de personas por mar hacia territorio europeo suman el secuestro y la extorsión. La región de Raybana, en la frontera libio – sudanesa, es una de las zonas más peligrosas de las rutas desde el cuerno de África hacia las costas libias, ya que allí operan varias grupos que se dedican a cazar a las personas vulnerables para robarles o extorsionarles.

En el vídeo, publicado inicialmente en Facebook, un hombre que se presenta como Abdinayib Mohamed solloza ante la cámara: “Llevo aquí un año. Tengo problemas. Me muero de hambre. Cualquiera que sufra lo que estamos viviendo, odiaría la vida. Mirad mi cuerpo, me pegan con palos cada día. No quieren liberarme”.

Con la videollamada, los contrabandistas buscan presionar a las familias de los secuestrados para que paguen un rescate. Según la OIM, varios familiares han recibido también llamadas y vídeos cortos a través de las redes sociales en los que los captores exigen sumas de dinero o amenazan con asesinar a los detenidos.

En las imágenes, donde también aparecen niños y mujeres, un hombre que se presenta como Nur Ali Auale, explica un tormento diario durante sus 15 meses de encierro y suplica ayuda. “Me pegan con barras de hierro; viajé desde Etiopía y me piden que pague 8.300 dólares (7.400 euros), pero mi familia no puede permitirse pagar esa suma”.

En un momento del vídeo, el contrabandista que habla con el periodista enfoca a un hombre visiblemente delgado y que lleva un bloque de hormigón encadenado a la espalda. El hombre explica que los traficantes le exigen una deuda de 8.000 dólares (7.840 euros) y, como no puede pagar, lleva tres días atado al hormigón. “Duele mucho”, acierta a decir.

Desde Naciones Unidas se pide colaboración a las plataformas sociales de internet para que ayuden a poner coto al negocio de las mafias de personas. Para Mohammed Abdiker, Director de Operaciones y Emergencias de la OIM, “se trata de un problema global en el que un contrabandista o una banda criminal puede utilizar fácilmente las plataformas digitales para anunciar sus servicios, localizar o atraer a las personas vulnerables en movimiento y luego explotarlas a ellas y a sus familias”. Para Abdiker, plataformas como Facebook deben reforzar su política de contenidos. “Ya es hora de que las redes sociales y las empresas tecnológicas reconozcan el daño extremo que ocurre debido a su incapacidad de controlar situaciones de graves abusos de los derechos humanos –que incluso llevan a asesinatos– y se comparten por sus canales”.