Cáritas sigue siendo un lugar perfecto para recibir un golpe de realidad. El secretario general de la ONG de la Iglesia en Gipuzkoa, José Emilio Lafuente, frena el entusiasmo de la recuperación económica y advierte de que el impacto de la crisis sigue estando muy presente en las casi 27.000 personas que la entidad atendió el año pasado. En pleno debate sobre la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), defiende el modelo vasco, aunque le exige mayor esfuerzo en el conjunto de políticas de inclusión social y laboral para llegar al fondo del problema. «La gestión administrativa ha mejorado y ahora lo deseable es poner más medios en el trabajo directo con las personas», traslada.

- La pobreza ha bajado en Euskadi en los dos últimos años. ¿Por qué esa evolución no se constata en el colectivo que atiende Cáritas?

Depresión y estrés, consecuencias «invisibles» de la crisis

- Los datos de personas atendidas en Cáritas han bajado, pero de forma muy leve. En los últimos cinco años, la tendencia es una estabilización dentro de la precariedad. Aunque se reduce algo el número de personas atendidas, no se corresponde en la misma proporción con la mejoría desde el punto de visto económico y de las tasas de empleo. Esto nos lleva a confirmar que existe una cronificación de la pobreza entre las personas más afectadas y que el efecto de la mejoría en la economía no es inmediato sobre esas familias más vulnerables. El riesgo es que se genere una bolsa de pobreza más numerosa de carácter estructural.
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«Hay que activar políticas de empleo, de vivienda, de formación… para completar el sistema»

«Hemos pedido que el perceptor de la RGI tenga un acompañamiento social y así lo recoge la reforma»

- ¿Estamos a tiempo de evitarlo?

- Siempre hemos dicho que todo lo que se va perdiendo con una crisis luego cuesta mucho recuperar. La mejoría económica no va a ser suficiente para contrarrestar los efectos negativos que han tenido todos estos años. El proceso va a ser mucho más largo.

- A la vista de que los casos más graves de pobreza se cronifican, ¿no están siendo suficientes las políticas de protección social?

- Hay que insistir en que las políticas de protección social son buenas y nos tenemos que sentir muy orgullosos. A partir de ese reconocimiento, también hay que apuntar, como solemos decir las entidades sociales, que el sistema funciona como trampolín para salir de la pobreza pero también como red para sostener a muchas personas. Y estamos en ese momento.

- Del colectivo de casi 27.000 personas que atiende Cáritas, ¿cuántas reciben otro tipo de ayudas, como pueden ser la RGI o las ayudas de emergencia social?

- Muchas sí están recibiendo alguna prestación social. Pero también hay algunas que no tienen ningún tipo de ingreso, bien porque no cumplen con los requisitos de acceso a la RGI, bien porque les han suspendido la ayuda por algún motivo.

- «El mayor riesgo de ser una familia en situación de pobreza es tener hijos», ha denunciado el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora.

- La situación del Estado no es comparable con la que puede haber aquí, gracias al sistema de protección social del que nos hemos dotado. Pero sí es cierto que dentro de los colectivos que atendemos por estar en mayor riesgo de vulnerabilidad, uno de ellos es el de un hogar compuesto por una madre sola con hijos. Y también son habituales parejas jóvenes, con bajo nivel formativo y menores a su cargo.

- La pobreza se hereda. ¿Cómo se puede romper esa cadena?

- Para romper esa situación, hay que trabajar en clave de proceso, en clave de intervención educativa. Muchas veces en el sistema de protección social echamos en falta otro tipo de herramientas. Las ayudas económicas son muy importantes, pero debe haber otro tipo de recursos que lo completen. Si solo utilizamos recursos económicos, paliaríamos la situación, pero no solucionaríamos el problema. Hay que entrar a analizar cuáles son las causas e incidir en ellas, con políticas económicas, sanitarias, educativas, laborales, de vivienda… Hay que activar todos esos elementos. La propia RGI es una herramienta con mucho potencial tal y como está redactada la ley. Por un lado, tiene que cumplir con el objetivo de atender las necesidades de subsistencia de las personas, pero también debe ser una herramienta facilitadora de la inclusión social y laboral.

- ¿Vincular la inclusión a tener un empleo es una fórmula válida?

- No para todo el mundo. Hay que reconocer que ciertas personas, por distintas causas, van a ser muy difíciles de activar para el empleo. En ese itinerario, tienen que facilitarse recursos de formación, ocupación, mayor desarrollo de las empresas de inserción… En la red de recursos más cercanos en Gipuzkoa sí se ha incidido, pero sí sería interesante y deseable que se desarrollen más, para completar el aspecto económico.

- ¿Qué esperanzas tiene en que la reforma de la RGI que ahora se debate vaya a reforzar ese aspecto?

- Las entidades sociales lo hemos hecho llegar a las instituciones. Se está trabajando y hay que seguir en esa línea.

- Cáritas ha reclamado al Gobierno Vasco que lidere la puesta en valor social de la RGI. ¿No lo está haciendo lo suficiente?

- Sí creo que las instituciones ponen en valor el sistema. Pero también es verdad que se ha entrado en debates poco constructivos. Deben destacarse las bondades del sistema. Tiene elementos que hay que mejorar, sin duda, pero el debate tiene que ir en el plano positivo. Tenemos que recalcar lo bueno que es para una sociedad disponer de un sistema de protección en clave de derecho, al mismo nivel que la sanidad o la educación. Aunque no hagamos uso de él, no significa que no lo vayamos a necesitar; incluso aunque no lo usemos nunca, indirectamente como sociedad también estamos ganando.

- ¿El sistema ha perdido legitimidad social?

- Se debate mucho sobre el fraude. Evidentemente, el fraude tiene que ser controlado porque estamos hablando de dinero público. Pero la realidad del fraude en el sistema es mínima, no llega al 0,8% respecto al total de las cantidades otorgadas. El fraude no es el elemento que hay que destacar del sistema. El debate no debe estar ahí.

- ¿Le preocupa que casi la mitad de los vascos piensa que el fraude está muy extendido?

- Ese dato demuestra que no hay suficiente conocimiento o comunicación sobre el sistema, de ahí que insistamos en ponerlo en valor. Porque la percepción social no se ajusta a la realidad. El perceptor de una ayuda social tiene el lastre de la sospecha del fraude cuando no es real.

- El Ararteko ha puesto de manifiesto que en ocasiones la ley se aplica con un exceso de celo. ¿Comparten ese diagnóstico?

- En ocasiones puede haber una interpretación de la ley dudosa. Recientemente se han publicado los criterios de Lanbide, lo cual debe dar seguridad jurídica a los perceptores. Porque se han dado situaciones en que el beneficiario no sabía o no entendía por qué se le reducía o se le suspendía la ayuda. Y también situaciones de incumplimientos sin voluntad real de saltarse la norma. No podemos olvidar que se está trabajando con personas, y no siempre todo encaja al cien por cien con lo que diga la norma. Desde hace muchos años, venimos reclamando que esos perceptores tengan un acompañamiento, y es una de las medidas que recoge la propuesta de reforma. No se puede equiparar la situación de una familia a la de otra, aunque sea parecida. Siempre habrá un matiz, y son difíciles de detectar si no es desde esa cercanía.

- ¿Se refiere a recuperar la figura del trabajador social como se hacía con la gestión inicial del sistema antes de pasar a Lanbide?

- Desde luego ese acompañamiento tiene que ser a través de personas formadas en trabajo social. No sé si es Lanbide o los servicios sociales de base quien debe prestarlo. Pero la figura del referente social es necesaria.

- ¿Se ha limitado la RGI a un puro trámite administrativo?

- Sí ha dado a veces esa sensación. No digo que no haya habido acompañamiento, pero sí que haya podido quedar descompensado por los esfuerzos hechos para gestionar la ayuda. Los plazos en las resoluciones han mejorado mucho y ahora lo deseable es poner más medios en el trabajo directo con las personas.

- Otro aspecto que no pasaron por alto es que el trabajo no está sirviendo a mucha gente para salir de la pobreza.

- El empleo no es garantía suficiente. El valor que tenía hace años como elemento de integración social se ha perdido. Llevamos años diciendo que se está creando un empleo precario e inestable. Hay dos elementos objetivos que lo avalan: disminuye la tasa de desempleo pero se mantiene el número de personas atendidas en Cáritas y además también se confirma en el número de perceptores de la RGI, de los cuales el 20% es un trabajador. La idea que un perceptor puede tener interés en cobrar ayudas en lugar de trabajar se cae por su propio peso. Lo que significa que el problema no está en si la persona quiere trabajar o no, la cuestión está en que hay escaso empleo y el que se está generando es precario e inestable.

- Siempre se apela a la responsabilidad del sistema de protección social, pero ¿también lanzan un mensaje a las empresas?

- El propio Gobierno Vasco lo está diciendo. El empleo que se genere tiene que ser de calidad para evitar la precarización de las familias.