P. RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL

WASHINGTON. En un país fundado por forasteros, pero que en estos momentos acumula más de doce millones de «sin papeles», la inmigración ilegal no deja de resultar una cuestión espinosa, que alcanza niveles políticos de toxicidad cuando sirve para demostrar la inquietante y contumaz porosidad de las fronteras del gigante americano después del 11 – S. Entre masivas manifestaciones de hispanos, presiones de la Administración Bush y el casi inevitable pulso entre los aspirantes a ocupar la Casa Blanca en el 2009, el Senado federal se enfrenta a dos semanas de visceral debate sobre una de las cuestiones más difíciles en la política doméstica estadounidense, con millones de votos en juego.

Como punto de partida de este maratón parlamentario en la colina del Capitolio, el comité judicial de la Cámara Alta – con los republicanos claramente divididos – ha forjado una propuesta para crear dos programas de permisos temporales de trabajo y un plan para legalizar a los millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Siempre que tengan trabajo, carezcan de antecedentes penales, aprendan inglés, cumplan con Hacienda y paguen las correspondientes multas por haberse «colado» sin permiso en el sueño americano.

La propuesta, remitida al pleno del Senado tras ser aprobada en comité por doce votos a favor y seis en contra, representa el mayor esfuerzo en décadas por asimilar inmigrantes ilegales. De aprobarse finalmente por el Congreso, esta versión patrocinada por los senadores McCaine y Kennedy supondría la mayor iniciativa de permisos temporales de trabajo desde el programa de braceros que entre 1942 y 1960 permitió la entrada de 4,6 millones de trabajadores agrícolas mexicanos. Aunque de momento, este proceso se encuentra plagado de condicionales.

Para empezar, cualquier medida que apruebe el Senado debe ser reconciliada con la versión adoptada en diciembre por la Cámara Baja, muchísimo más restrictiva. Ya que establece desde la construcción de una verja de seguridad en toda la frontera compartida por Estados Unidos y México, además de convertir en un delito la inmigración ilegal. Los últimos sondeos de opinión insiste en que un 60 por ciento de los estadounidenses no son partidarios de permisos de trabajo temporales, con un 75 por ciento convencidos de que no se está haciendo lo suficiente por proteger sus vulnerables fronteras. Suspicacias redobladas por la gran facilidad demostrada esta semana con que se puede introducir material radioactivo para construir «bombas sucias».

En todo este debate, un capitidisminuido presidente Bush insiste en aprobar una reforma que facilite la entrada de inmigrantes dispuestos a ocupar puestos de trabajo que no quieren los estadounidenses.