UGT ha censurado hoy las “alarmantes” desigualdades que existen entre los españoles y la población extranjera que vive en España, la cual soporta una tasas de paro y pobreza muy superiores, de diez puntos en el primer caso y de más del doble en el segundo, según el sindicato.

En un comunicado, UGT ha lamentado el “déficit” en las políticas de igualdad para prevenir la discriminación y facilitar la integración de las personas de otros países, que ni aun con la doble nacionalidad consiguen una “equiparación en el mercado de trabajo”, ha añadido.

Así, según datos ofrecidos por el sindicato, los nacionales de terceros países presentan una tasa de desempleo del 33,5 %, que se dispara al 45,1 % en los casos en los que están en riesgo de pobreza; junto con la tasa de pobreza en menores de 17 años, que es del 53,1 %, representan las cifras más altas de la UE.

Las diferencias en la primera alcanzan hasta los diez puntos, de forma que si la tasa de desempleo en hombres españoles fue en 2016 del 17,19 %, la de los extranjeros ascendió al 27,83 %, según UGT, que recuerda que en el caso de las mujeres fueron del 20,44 % y del 30,6 %, respectivamente.

También sus salarios “se han visto devaluados”: en 2015, el 17,5% de los trabajadores extranjeros tenía un salario medio de 357 euros al mes, 156 euros menos que en 2007.

“La combinación de paro y empleo precario, junto a una deficiente protección social y la ausencia de redes familiares, eleva la tasa de pobreza de la población extranjera no comunitaria residente en España hasta el 55,3 %, frente al 21 % de la tasa de pobreza general”, subraya el sindicato.

Para zanjar este problema, UGT propone políticas activas que aborden el “paro, pobreza y subempleo” de este colectivo, que se recupere el derecho a la asistencia sanitaria de todos, incluidos los inmigrantes irregulares, y que se incremente el presupuesto en la educación destinada a “compensar desigualdades”.

Además, reclama que se recupere el fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes, que alcanzó su mayor presupuesto en 2009 con 200 millones de euros, pero “el Gobierno del PP lo eliminó en 2012, manteniéndolo a cero también en el Proyecto de Presupuestos de 2017”.

Exige también que se promueva una nueva estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, dotada de presupuesto y adaptada a la realidad actual y que el Gobierno defienda en las instituciones europeos el cumplimiento del derecho de asilo y de los compromisos de reubicación y reasentamiento de refugiados.