Una denuncia judicial podría paralizar los nuevos criterios para cobrar la RGI

Un juzgado admite a trámite la demanda de colectivos sociales contra Lanbide por los requisitos que se pide para cobrar la prestación

Diario Vasco, A. LERATE, 24-05-2017

La denuncia judicial presentada por una docena de colectivos sociales de Bizkaia podría paralizar la puesta en marcha de los nuevos criterios de Lanbide sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), un catálogo de 75 artículos donde se recogen los requisitos que debe cumplir el beneficiario que se quiera acoger a la prestación social que en la actualidad cobran unas 64.000 unidades convivenciales en Euskadi, de los cuales 15.000 son guipuzcoanos.

Los denunciantes, entre quienes figuran asociaciones como SOS Racismo Bizkaia, trabajadoras del hogar de este territorio y organizaciones feministas señalaron este martes que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Vitoria ha admitido a trámite su demanda contra esos nuevos criterios de la RGI que fueron publicados el pasado 6 de abril en la página web de Lanbide.

RESUMEN

La demanda
Qué se recurreLa demanda admitida a trámite recurre 28 de los 75 criterios que Lanbide tiene publicados, por considerar 17 de ellos contrarios a la Ley
Artículos controvertidos
Apartado 2.1. Con el objeto de acreditar el requisito de empadronamiento y residencia efectiva y el requisito composición de la unidad de convivencia, los interesados deberán aportar los siguientes: a) El arrendatario: el contrato de arrendamiento y todos los contratos de subarriendo que disponga. b) El subarrendatario: el contrato de arrendamiento y su contrato de subarriendo. A partir de la publicación de la presente, todos los contratos de arrendamiento (no los de subarriendo) que se entreguen en Lanbide deben haberse inscrito en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas. No existe la obligación de inscribir los contratos de subarriendo en dicho registro
Apartado 2.2El padrón debe reflejar siempre la situación real del domicilio. Por lo tanto, deben constar en el padrón todas las personas que viven efectivamente en el domicilio; y, a su vez, no debe constar empadronada ninguna persona que no vive en él. Así mismo, todos los titulares o cotitulares de un contrato de arrendamiento o subarriendo deben constar empadronados y tener la residencia efectiva en el mismo.
Además, en su denuncia solicitan la adopción de medidas cautelares de forma que se podría paralizar la aplicación de los nuevos criterios hasta que no haya una sentencia firme al respecto, sobre todo en lo relacionado a cuestiones como el padrón, los contratos de alquiler y la residencia efectiva.

La reforma, según explicó el Gobierno Vasco, busca mejorar la gestión interna en Lanbide y la coordinación con la Tesorería de la Seguridad Social, fomentar la inclusión laboral, crear un grupo específico antifraude en colaboración con las policías locales e implantar la huella digital.Una vez admitida la denuncia de estas asociaciones, el juzgado da un plazo de 20 días a Lanbide para responder a este recurso.

En su demanda, recurren 28 de los 75 criterios publicados por Lanbide al considerar que 17 de ellos son contrarios a la ley y que el resto necesitan ser regulados mediante un decreto que se publique en el Boletín Oficial del País Vasco y no mediante una circular interna.

Estos colectivos han recordado que desde hace años reclaman que los criterios para acceder a las ayudas sociales sean fácilmente accesibles para los beneficiarios.«Sin embargo, Lanbide aprovecha la reciente publicación de sus criterios en su página web para introducir recortes en el acceso a las prestaciones sociales», denuncian estas asociaciones en un comunicado, en el que señalan que en esta ocasión Lanbide vuelve a «incumplir la legalidad».

Por ello critican que el Gobierno Vasco quiera iniciar un debate sobre la reforma de la RGI mientras «empieza ya a aplicar una serie de recortes a la actual legislación sin ningún amparo legal», lo cual «dice mucho sobre las verdaderas intenciones del Gobierno Vasco y de los partidos que lo sustentan (PNV, PSE y PP)», concluyen.

Respuesta de Erkoreka

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, respondió que al Ejecutivo no le «inquieta» la denuncia presentada por los colectivos sociales. Erkoreka recalcó que el Ejecutivo no está «inquieto» por la denuncia, puesto que está «convencido» de que actuó de acuerdo a la «legalidad» y de forma «plenamente correcta».Además, afirmó que la denuncia «no tiene por qué influir» en los cambios sobre la RGI que el Ejecutivo presentará la próxima semana en el Parlamento.

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