El sistema educativo no fue diseñado pensando en un adolescente que emigra de su país para buscarse él solo la vida en una ciudad como Barcelona, sin tener estudios ni hablar castellano. Aun así, en Catalunya hay actualmente 533 jóvenes en esta situación: son los llamados menores no acompañados, que viven bajo tutela de la Generalitat. Mayores de 16 años la mayoría de ellos, ya no los matriculan en el instituto. Tampoco lo tienen fácil a la hora de buscar trabajo, porque no tienen formación básica. Sólo les quedan los Programas de Formación e Inserción (el nombre que recibe la FP Básica en Catalunya), pensados para jóvenes que no se sacan la ESO, o los planes de inserción laboral, pero muchos se acaban quedando fuera por problemas burocráticos o por no dominar suficientemente el idioma.

“Lo que venimos es a buscarnos la vida, pero sabemos que si estudiamos esto nos ayudará a salir adelante”, expone Ahmed (nombre ficticio), que con 17 años vive en un Centro de Residencia de Acción Educativa (CRAE), los conocidos como centros de menores. Llegó hace seis meses y ahora está aprendiendo castellano y descubriendo diferentes salidas laborales desde las aulas de Servei Solidari, una de las entidades del tercer sector que, en su caso desde el barrio del Raval de Barcelona, llenan el vacío formativo que sufren los extranjeros menores de edad que llegan a Catalunya sin familia.

Lo primero que deben hacer los educadores de estas entidades es ganarse la confianza de unos adolescentes que han sufrido mucho en muy poco tiempo. “Lo más importante es establecer un vínculo con ellos; tienes que aprovechar los primeros días que vienen al aula para que no engancharlos”, explica Elisabeth Moreras, una de las profesionales del Servei Solidari, que ve en "el acompañamiento emocional integral" de estos chicos una condición básica a partir de la cual orientarlos en la formación o la inserción laboral. En esta entidad del Raval, que pertenece a la Escola Pia de Catalunya, imparten cada día clases de castellano y organizan pequeñas estancias en centros de formación especializada (peluquería, fontanería, mecánica, hostelería, etc.), esto último bajo el nombre de Programa Tasta’m (“pruébame”). Todo esto, además, va en paralelo a talleres esporádicos que les pueden ser útiles: desde asesoramiento legal hasta prevención de violencia de género.

El problema, sin embargo, es que no todo el mundo tiene acceso a estos cursos. Al Servicio Solidario sólo pueden acudir 14 jóvenes. Estas las plazas que puede asumir la entidad, una cifra muy inferior a la demanda que generan. “Faltan recursos para muchos otros menores, más espacios de formación como el nuestro donde puedan interesarse por diferentes oficios”, sostiene Aurora Moreno, otra de las educadoras de la entidad. Sin un espacio de formación como el suyo, estos jóvenes aprenden el idioma –condición necesaria para acceder a los estudios reglados– y es más improbable que se planteen nuevas perspectivas laborales más allá de “buscar curro de cualquier cosa”, apunta Moreras.

La tarea de entidades como Servei Solidari, sin embargo, llena sólo una parte del vacío educativo que sufren estos jóvenes. Como no tienen el título de la ESO, las opciones de los que se quieren formarse son cursar Planes de Formación e Inserción (PFI, el itinerario pensado para los alumnos que no se quitan la Secundaria) o los cursos de inserción laboral del Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC), que depende del programa de Garantía Juvenil. Con todo, los profesionales del sector advierten que estos itinerarios se pueden acabar convirtiéndo en un laberinto burocrático para muchos de estos jóvenes.

Para acceder a los PFI, los jóvenes necesitan el pasaporte y acreditar que están bajo tutela de la Generalitat, además de dominar el idioma; para los programas de Garantía Juvenil, necesitan además el NIE (el documento que te acredita como extranjero). Así lo especifica la Administración. En la práctica, estos requisitos pueden suponer barreras adicionales para unos jóvenes que están en riesgo grave de exclusión social.

De entrada, muchos no tienen suficiente nivel de lengua en parte porque no han podido recibir clases en ninguna entidad del tercer sector. La Generalitat asegura que también en los centros de menores se dan clases de catalán y castellano, pero algunos educadores cuestionan la calidad de ellas en comparación con lo que imparten las entidades. “A menudo no hay proyecto educativo, son los propios educadores los que se buscan la vida para preparar fichas y otros recursos”, expone Ainhoa Nadia Douhaibi, educadora social que durante años ha trabajado en centros de menores.

La otra barrera que encuentran es la que tiene que ver con los papeles. Las entidades denuncian que en más de una ocasión se han encontrado que les piden, además del NIE, el permiso de residencia, una documentación de la que algunos no disponen. Según la Ley de Extranjería, sí que deberían tenerla, dado que todos los menores bajo tutela de la Administración, tengan o no autorización, deben considerarse en situación regular “a todos los efectos”. “Lo que pasa es que cuando los jóvenes llegan con poco menos de 18 años, la Generalitat a veces deja transcurrir los 9 meses de margen que tiene para hacer estos trámites, y al final acaban cumpliendo la mayoría de edad sin el permiso de residencia”, denuncia Albert Parés, abogado especializado en la situación de los menores extranjeros.

“El otro día a uno de los jóvenes que tenemos en el programa lo echaron del centro donde vivía”, explica Moreras. “Entonces fue a varios albergues para personas sin techo, pero todos están llenos de gente mayor, así que los jóvenes prefieren estar en la calle”, lamenta. Ese joven sigue yendo a día de hoy a las clases del Servei Solidari, pero en la situación extrema en que se encuentra se hace difícil pensar que pueda estar al tanto de la formación. “Si no te sientes seguro contigo mismo, si no tienes las condiciones básicas, no puedes generar aprendizajes”, constata Moreras, que el día que el joven se quedó en la calle se lo pasó llamando sin éxito para ver en qué otros albergues podría encontrar techo su alumno.

Quedarse en la calle sin recursos económicos es uno de los principales riesgos que sufren estos jóvenes, incluso antes de cumplir la mayoría de edad. Algunos porque se fugan del CRAE, otros porque los expulsan por conflictivos… Pero también los hay que hacen un “buen proceso”, en palabras de Moreno. Son los que salen del centro de menores y se van a vivir a pisos sociales. Cuentan con una prestación de 660 euros al mes durante medio año. Pero esto les deja lejos de salir de la exclusión social. “Los que conservan la documentación y el piso de acogida pueden tener permiso de residencia, pero puede que no de trabajo, y eso los deja en una situación muy complicada, porque necesitan que alguien confíe en ellos y los contrate”, recuerda Moreras. La pregunta es, entonces, quien confía en estos jóvenes, más allá de unos educadores entregados que los acompañan hasta la mayoría de edad.