Los países de la Unión Europea siguen aún lejos de llegar a un acuerdo sobre la reforma del régimen de asilo común, que pensaban cerrar el próximo junio, por las discrepancias en aspectos como los criterios para determinar qué país debe, según el caso, hacerse cargo de las solicitudes.

El asunto se trató hoy en un Consejo de Interior, donde los ministros pasaron revista a los avances de los últimos meses en la negociación de esa reforma.

El debate puso de relieve en particular las diferencias entre los países y las muchas cuestiones que quedan por resolver para llegar a un acuerdo sobre la modificación del sistema vigente.

“Por desgracia, un año después de la propuesta sobre la reforma de Dublín no hay consenso en el Consejo”, resumió en rueda de prensa al término de la reunión el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, que se declaró “decepcionado”.

Recordó además que hace falta tomar una decisión con rapidez para contar con “un sistema fiable” que no suponga una carga a “pocos Estados miembros”, algo que “no sería justo, ni sostenible”.

Por su parte, el ministro de Interior de Malta, Carmelo Abela, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre, dijo que la presidencia tratará de lograr un acuerdo sobre la reforma del sistema de asilo en la reunión de ministros europeos del próximo junio.

Aseguró que el debate de hoy fue “franco”, que hubo progreso en algunos ámbitos y que trabajarán para resolver las “divergencias” pendientes.

Según fuentes diplomáticas, algunos Estados miembros del norte pretenden dejar el grueso de carga de las solicitudes de asilo en manos de los países de entrada de los flujos migratorios, es decir, Italia, Grecia y España.

“Concentrar todo en los países de acogida es irreal”, dijeron las fuentes.

Desde que comenzó el debate sobre esta reforma, impulsada sobre todo por la crisis migratoria sin precedentes de 2015, la situación ha evolucionado y las llegadas de demandantes de asilo a la UE se han contenido, sobre todo con el cierre de la ruta de los Balcanes occidentales, que llevó a reducir los flujos en un 98 % en solo un año.

En la actualidad el fenómeno migratorio se concentra sobre todo en la ruta del Mediterráneo central, donde se mantienen niveles similares a los años anteriores, pero la gran mayoría de las personas que llegan son inmigrantes “económicos”, que no tienen derecho a solicitar una protección internacional.

Según la presidencia maltesa, los países de la Unión coinciden en que la reforma del asilo debe ir en paralelo a otras políticas para garantizar la “reducción sustancial en los flujos de inmigrantes irregulares a Europa”.

Todos coinciden en que debe haber estrictos controles de las fronteras externas y en que se deben impulsar los esfuerzos para los retornos, mediante la cooperación con terceros países y el uso de “incentivos” para prevenir los flujos ilegales y facilitar las readmisiones.

Hoy los ministros debatieron un documento no oficial de la presidencia maltesa que pretende ayudar a determinar hasta dónde debe llegar la responsabilidad del país que tramita la demanda de asilo.

También aspira a aclarar quién es “reubicable”, en el caso de crisis migratorias que obliguen al traslado de los demandantes de asilo entre los Estados miembros, y el concepto de “país seguro”, que limita el acceso a la protección internacional a los nacionales de Estados que no tienen ese carácter.

El documento, al que tuvo acceso Efe, deja claro que hace falta un “marco común para la solidaridad” que debería “funcionar de manera objetiva y previsible” para permitir la adopción de medidas de apoyo rápidas, cuando sea necesario.

Por último, se centra en el concepto de “tercer país seguro”, y enfatiza que hacen falta más esfuerzos para garantizar la rápida aplicación de los retornos de inmigrantes irregulares en la UE.

En ese sentido, invita a reflexionar por ejemplo sobre posibles incentivos para mejorar la cooperación con los terceros países con los que los Veintiocho tienen acuerdos de readmisión.