El Capitolio fue escenario ayer de uno de los debates más intensos y calientes de los últimos meses: el de la reforma de las leyes de emigración. Encima de la mesa hay varias propuestas para acabar con la entrada de ilegales, sobre todo por el Río Grande, y para ver qué hacer con los 12 millones de indocumentados que residen ya en el país.

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Las propuestas van desde las que se centran exclusivamente en medidas policiales y el refuerzo de las fronteras – incluida la construcción de un muro de 1.200 kilómetros a lo largo de los más de 3.000 kilómetros que comparte con México – y las que contemplan diferentes variaciones de programas de trabajadores temporales, a los que podrían optar los indocumentados que residen en suelo americano y que, en algunos casos, les permitiría obtener después la ciudadanía.

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El debate duró todo el día en el Comité Judicial del Senado. De allí saldrá un borrador que deberá ser ratificado por el pleno a partir de hoy. Durante la primera parte de la sesión se rechazó una de las propuestas que contemplaba perseguir criminalmente a todos aquellos que prestaran apoyo a los sin papeles , incluso a los que les dieran comida o refugio. Una medida a la que se oponía frontalmente la Iglesia católica estadounidense. Se aprobó también duplicar los más de 11.000 agentes que custodian la frontera de forma gradual, de ahora hasta el 2011.

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Las posturas

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George W. Bush, que señaló como una de sus prioridades de su segundo mandato la aprobación de un plan de trabajadores temporales, pidió que el debate – que provocó multitudinarias manifestaciones en los días pasados en todo el país – se lleve a cabo de forma «civil y digna». El presidente tejano, cuya posición choca con un sector de su partido, espera que el Comité apruebe una propuesta que se base en la suya. No obstante, meses atrás el Congreso la rechazó de plano.

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Ahora, la propuesta vista con más posibilidades, que además cuenta con el respaldo de asociaciones civiles y empresariales, es la que hicieron de forma conjunta el republicano John McCain y el demócrata Edward Kennedy. En ella proponen una vía para la regularización de los 12 millones de sin papeles a través de un programa de visados temporales al que se podrían acoger tras pagar una multa de 2.000 dólares, no tener antecedentes penales, hablar inglés y haber estado pagando impuestos. Con esos requisitos, y tras seis años más trabajando, podrían conseguir el pasaporte estadounidense.