POR vez primera en España una investigación policial logra estructurar la argumentación jurídica necesaria para acusar a unos padres de delitos cometidos por hijos menores de edad. Así se desprende, según los Mossos, de la llamada operación Bucarest, que ha llevado a la detención de tres parejas de origen rumano que presuntamente utilizaron a quince menores a su cargo para cometer robos, estafas y hurtos en Barcelona. Los adultos han ingresado en prisión por orden judicial, excepto una de las mujeres – en libertad con cargos – , mientras que los menores han sido puestos a disposición de la dirección general de Atenció a la Infància i l´Adolescència.
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Los hijos de estas tres familias, supuestamente dirigidos y supervisados por sus padres, acumulaban más de 600 hechos delictivos en dos años (unos 250 cometidos por menores de 14 años). Los detenidos están acusados de los cargos que se imputan a sus hijos y, además, de delitos contra los derechos y deberes familiares y asociación ilícita. Son delitos de mayores – cometidos de forma reincidente por clanes que se sirven y se escudan en menores – que dañan no sólo a ciudadanos y comerciantes, sino la imagen turística de la capital catalana.
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