- Había que buscar un modo de atenuar la acción de los grupos de menores rumanos que desde hace por lo menos dos años saqueaban a los clientes de restaurantes y de terrazas de bares. Los Mossos decidieron apostar fuerte y dedicaron tiempo y recursos a probar que si esos grupos de niños salían cada día a las calles a robar era porque así lo querían sus padres, que fomentaban las acciones ilícitas de sus hijos como único sistema de financiación familiar. Parece que lo han logrado. Un juez de Barcelona ha enviado a prisión a cinco de los seis padres y madres arrestados la pasada semana por estos motivos.
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La consellera de Interior, Montserrat Tura, que no acostumbra a dar cuenta de las operaciones policiales en persona, quiso comparecer para resaltar que el operativo policial era el resultado del trabajo de los investigadores y una de las prioridades de su departamento desde el despliegue de los Mossos.
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La principal novedad que aporta esta operación, inédita en España según la consellera, es la de inculpar a los padres de los menores por los delitos y faltas cometidos por sus hijos. Los niños que cada mañana salían a robar por las calles de Barcelona son menores de 14 años y por tanto no se les puede culpar de delito alguno. Técnicamente, se les califica de inimputables. Se entendió, por tanto, que sólo actuando contra los padres podría frenarse la larga cadena de reincidencias.
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A los tres clanes familiares se les atribuyen más de 600 hechos delictivos, de ellos 250 fueron cometidos por menores de 14 años, por lo que hasta ahora habían quedado impunes. Algunos de estos niños, unos 15 en total, acumulan ya decenas de presentaciones ante el grupo de menores de los Mossos. Son llevados allí después de cometer un delito, pero devueltos a sus padres, dada su minoría de edad. Ahora esa cadena de entradas y salidas ha quedado cortada en lo que afecta a estas tres familias sometidas a investigación.
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La semana pasada los 15 agentes del grupo de reincidentes, dirigidos por el sargento Jaume Pons, vivieron su día H. Acudieron a los domicilios de estas familias y arrestaron a los padres. Una de las parejas, que sospechaba que estaba siendo sometida a vigilancia, ya se había trasladado a vivir a Madrid. Habían abandonado hacía una temporada su piso de la calle Quevedo de Badalona donde vivían. La huida no les sirvió de nada. También fueron arrestados en la capital española en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y la policía local.
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Las otras dos entradas y registros se llevaron a cabo en domicilios de las calles Nàpols y Alfons XII de Badalona. En los domicilios estaban los imputados y la mayoría de su prole, además de otros menores del mismo clan gitano, que quedaron inmediatamente bajo la tutela de la dirección general de Atenció a la Infància i l´Adolescència (Dgaia) de la Generalitat. Cinco de los adultos acabaron en prisión y una de las mujeres, en libertad con cargos.
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A los padres se les acusa de los delitos cometidos por sus hijos, mayoritariamente contra el patrimonio y de asociación ilícita, porque, tanto la policía como la fiscalía, entienden que los cónyuges se confabularon para que sus hijos delinquieran. Además no se descarta que hubiera una cierta conexión entre los tres clanes con un líder en labores de coordinación, que es una de las cinco personas en prisión. Por último, están acusados también de un delito contra los derechos y deberes familiares, ya que, entre otras cosas, los arrestados no procuraban ni la escolarización, ni la buena alimentación, ni el cuidado de los niños.
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Además de los once menores que han pasado a disposición de la Dgaia, en este organismo se informó ayer de que el pasado mes de noviembre ya se procedió al desamparo de otros 15 menores rumanos, en el marco de las líneas de actuación definidas el pasado mes de octubre en una reunión entre cuatro consellerias de la Generalitat, la Fiscalía de Menores, la Subdelegación del Gobierno y el consulado de Rumanía. En este momento, se abrió un plan piloto en el que se recogía el caso de otros 30 niños rumanos, ya fuese por su absentismo escolar, por mendicidad continuada o por pequeños robos. Algunos de estos menores están entre los afectados por la operación policial de la semana pasada, aunque este extremo no ha sido confirmado en fuentes oficiales. La Dgaia analizará ahora la situación de estos menores uno por uno. En su caso no es posible la repatriación a Rumanía, porque sus familiares directos están aquí, pero pueden ofrecerles otras posibilidades, como los pisos tutelados.
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