Cinco familias de refugiados, que conforman un total de 18 personas, han acudido este miércoles a la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña para pedir una solución a su situación de vivienda al secretario, Oriol Amorós, ya que en breve deben dejar su piso.

Las familias se han reunido este mañana con el adjunto al secretario, Carles Macian, y un técnico del comité de refugio, ante la ausencia de Amorós, que se encuentra en una reunión de trabajo en Bruselas. Macian ha asegurado que tan pronto como el secretario vuelva, el jueves por la tarde, se concretará una reunión con los afectados. Las cinco familias viven en Casa Bloc, un edificio del barrio barcelonés de Sant Andreu, pero su programa de primera acogida, que normalmente dura seis meses aunque en algunos casos se alarga, está a punto de acabarse, cosa que significa que deberán dejar el piso en un plazo de entre dos semanas y dos meses.
Amorós ya declaró anoche en una entrevista al Punt Avui que “nadie se quedará en la calle” y que “nadie irá a un hostal”, uno de los miedos de las familias. Ayer, las familias publicaron una carta dirigida al secretario de Igualdad donde exponían su problema y recordaban que “en repetidas ocasiones se nos ha manifestado que Barcelona es nuestra casa” y “sin embargo, nosotros nos sentimos arrojados a la calle”.
Cada situación familiar es diferente, pero algunos refugiados coinciden en que los pisos que les ofreció la administración estaban lejos de la capital catalana, en Igualada, por ejemplo, y los tuvieron que rechazar porque tenían hijos que van a la escuela en Barcelona o consideraban
que allí no encontrarían trabajo.
Es el caso de Tatiana. Esta refugiada de Ucrania tiene que dejar Casa Bloc en dos semanas, donde vive sola con cuatro hijos a los que tiene que llevar y recoger de la escuela cada día. La afectada ha asegurado a los medios de comunicación que aún no busca trabajo porque tiene que
hacerse cargo de los niños y atender a los cursos de español para aprender bien el idioma.
Las familias han lamentado las dificultades que tienen para encontrar un piso que puedan pagar, o que los propietarios acepten tenerlos como inquilinos aunque en muchos casos no tengan una nómina fija. Las asociaciones de apoyo a los refugiados, como Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), dan un aval a las familias para que puedan demostrar a los propietarios que tendrán ingresos de sus ayudas durante un año, pero las familias han denunciado que “nadie se cree este aval”. Amorós, en la misma entrevista, también reconoció que “es muy difícil” que consigan un alquiler con “un aval de 12 meses” si los propietarios de los pisos “piden contratos de tres años”, lo que se añade a la “discriminación hacia las personas extranjeras” que hay “en el mercado del alquiler” y a la falta de “ingresos propios”.
Manoj Kumar y su mujer Rejitha vienen de la India y viven en un piso de Sant Andreu desde hace un año con sus tres hijas, una de ellas nacida en Barcelona, y la abuela, pero tienen que irse en dos meses, y aseguran que buscan vivienda desde junio pasado pero “no nos alquilan”. “Es como un círculo cerrado”, ha lamentado Tatiana, rodeada por sus cuatro hijos, que también han acudido a la petición de reunión con Amorós y que han acabado sentados en la mesa con Macian.