“En repetidas ocasiones nos ha manifestado que Barcelona es nuestra casa. Sin embargo, nos sentimos arrojados a la calle”. Así concluye el escrito que diversas familias en régimen de asilo en la Casa Bloc, espacio donde viven 90 refugiados que ya estaban en el territorio, presentarán este miércoles al secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós.

El texto, al que ha tenido acceso este medio, expone las dificultades por las que pasan las personas en régimen de asilo para encontrar un alquiler. Las familias que lo firman (seis, un total de 23 personas) han cumplido la prórroga de la primera fase –la que da derecho a asistencia residencial– y ahora se encuentran “desamparadas”, según expone una de las personas firmantes, que prefiere mantener el anonimato.
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“Hace dos meses nos dijeron que no nos iban a echar, pero ahora sí”, comenta la misma persona, con dos menores a su cargo y que, según expone, ha recibido junto a otros solicitantes de asilo un “ultimátum” para abandonar sus casas.

Pese a que esta persona había conseguido un precontrato con una inmobiliaria, el aval que exigía la compañía acabó truncando la operación. Las dudas respecto a su solvencia es uno de los varios obstáculos a los que se enfrentan los solicitantes de asilo a la hora de buscar un alquiler.

Aunque el programa de acogida depende del Ministerio de Interior, los solicitantes se han dirigido a la Generalitat porque en anteriores ocasiones –como en la propia presentación de la Casa Bloc– Amorós manifestó su compromiso de que no se quedarían sin ayuda.

Según apuntan los refugiados, la alternativa ofrecida por las ONGs pasa por buscar un hostal. La opción, aseguran los afectados, resultaría una estocada debido a su situación económica. “El encarecimiento que supondría estar en un hostal, sin cocina propia, sería insostenible”, comenta la persona firmante.

No es la primera vez que las personas en régimen de asilo de la Casa Bloc lamentan las fallas del sistema de acogida estatal. Hace unas semanas protestaron por las múltiples discriminaciones que reciben como solicitantes. La tarjeta roja, el documento que les identifica como demandantes de asilo, no sólo les dificulta el acceso a un alquiler, también a una cuenta bancaria o a un contrato de telefonía.
“Nadie se quedará en la calle”

La carta firmada por los solicitantes de asilo será entregada a la Generalitat en uno de los varios encuentros que han tenido los solicitantes que ya están en el territorio con la administración catalana en los últimos meses. Preguntada sobre el ultimátum, una portavoz de la secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía ha asegurado a este medio que “nadie se quedará en la calle”.

De la misma forma, la Generalitat asume que la salida para estas personas podría pasar por “marcharse de Barcelona”, donde el acceso a la vivienda es “más económico”. Cabe destacar que Barcelona vive una alarmante burbuja del alquiler, algo que los refugiados también acusan. La deslocalización es una de las propuestas que menos gusta a los refugiados, pues para ellos supone –comentaba hace unas semanas Luis, también de Casa Bloc– “un volver a empezar eterno”. Además, varias de las personas tienen a sus hijos escolarizados en la capital catalana.

A su vez, la Generalitat critica el programa de acogida estatal, destacando su especial ceguera en materia de vivienda. “La vivienda es un apartado muy mal resuelto por el Estado. Pedimos al Estado que no niegue su responsabilidad”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona, con el que los refugiados se han reunido este martes, ha remitido al programa Nausica (1,3 millones de euros anuales) como posible solución a la emergencia habitacional de los refugiados. El programa pretende ampliar la capacidad de la ciudad durante el 2017 con hasta un centenar de plazas más. Eso sí, los refugiados sólo podrían beneficiarse de la acción una vez hayan salido del programa estatal, en una tercera fase.