Washington

Los políticos estadounidenses, incluso los republicanos, no logran ponerse de acuerdo sobre una reforma migratoria que está provocando protestas multitudinarias en todo el país y que hoy comienza a discutirse en el Senado. Se calcula que hay 12 millones de indocumentados en Estados Unidos.

Todos están de acuerdo en que es necesario solucionar el problema de los alrededor de los indocumentados que viven en territorio estadounidense y en que se trata de una cuestión de seguridad nacional, pero difieren, y mucho, en las posibles medidas para abordarlo.

«Tenemos un problema de seguridad nacional» y «si no logramos una propuesta razonable para darles una oportunidad de trabajar legalmente y, en última instancia, de obtener la ciudadanía, van a ser fugitivos», declaró ayer el senador republicano Arlen Specter.

Specter es el presidente del Comité Judicial en el que se va a discutir la polémica reforma.

Specter y otros congresistas, republicanos y demócratas, protagonizaron ayer los debates que las principales cadenas de televisión estadounidenses emiten cada domingo para posicionarse ante un debate cada vez más caldeado y tenso, que puede ser clave para las elecciones legislativas de noviembre.

Los proyectos legislativos que hay sobre la mesa plantean medidas como aplicar sanciones a quienes ayuden a los indocumentados, crear un muro en la frontera con México o poner en marcha el llamado programa de trabajadores huéspedes, que defiende el presidente de EEUU, George W. Bush, y que critican algunos de sus correligionarios.

Ese programa, que permitiría a los inmigrantes legalizar su situación pero sólo mientras estuviesen realizando trabajos que no quieren hacer los estadounidenses, es visto por algunos como un plan de amnistía encubierto.

Es el caso del legislador republicano Tom Tancredo, quien explicó que una amnistía se concede a quienes cometieron un crimen y, en este caso, «el crimen que han cometido es venir a este país sin nuestro permiso» y el castigo previsto para ello es la deportación.

horrible mensaje. En su opinión, si se les permite entrar sin permiso y quedarse, con el único castigo de pagar una multa, se trata de una amnistía y eso enviaría un «horrible mensaje», sobre todo a las personas que tratan de llegar a los Estados Unidos siguiendo todos los pasos legales.

Specter rechazó sus argumentos, afirmando que el programa de trabajadores temporales no tiene nada que ver con una amnistía porque los inmigrantes tendrían que pagar una multa, demostrar que están trabajando y ponerse a la cola de la larga lista de quienes aspiran a tener la ciudadanía estadounidense.

En términos similares se pronunció el senador demócrata, Edward Kennedy, quien subrayó que hay que tener en cuenta que «tenemos a esas personas aquí» y el reto consiste en abordar su situación de alguna manera pero nunca favoreciéndoles con respecto a quienes siguen las vías legales.





















Rice quiere un trato «humano»

La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, intervino ayer en el debate y lo hizo para decir que la reforma debe garantizar la seguridad en las fronteras y el cumplimiento de las leyes, pero también debe prever un trato «humano» para los indocumentados que ya están en EEUU. «Tenemos una población aquí que debe ser tratada de forma humanitaria. No importa cómo hayan venido», según Rice.