El Gobierno conservador húngaro sigue aumentando sus duras medidas antirrefugiados y acumulando críticas por ello, con la entrada ayer en vigor de una ley para internar a los solicitantes de asilo mientras se tramita su petición. La norma ha sido criticada por la ONU, a través de Acnur y de Unicef, y por numerosas ONG de derechos humanos. Una de ellas, el Comité Helsinki de Hungría, logró que la ley recibiera en su primer día de aplicación un correctivo legal, puesto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó ayer una resolución provisional para impedir que nueve refugiados sean internados en un centro cerrado.

La sentencia se refiere a ocho menores de entre 14 y 18 años y a una mujer embarazada, que están esperando una decisión sobre sus solicitudes de asilo. “Como se trata de representantes de grupos vulnerables, el Tribunal decidió ayer sobre esta medida, para que no se dé una situación que posteriormente no se puede reparar”, explicó Zsolt Zádori, portavoz de Comité Helsinki de Hungría, que solicitó al Tribunal esa actuación el pasado viernes.

Zádori argumenta que “la detención de todos los solicitantes de asilo contradice el derecho europeo y también la razón”. “Es absurdo que alguien quiera ejercer un derecho y sea encerrado justamente por eso”, analiza.

La norma fue aprobada gracias a la mayoría absoluta de que dispone el partido del Gobierno, el conservador Fidesz, que contó además con el respaldo del ultraderechista y xenófobo Jobbik.

Esta ley establece que los demandantes que cruzan la frontera húngara presenten sus solicitudes en las llamadas zonas de tránsito, en las que quedarán retenidos hasta que se resuelva el proceso.

Unicef ha advertido de que “es traumático detener a niños refugiados e inmigrantes que huyen de la violencia y la persecución y buscan una vida mejor”.