El fiscal que investigó el trato a los 42 inmigantes que, a pesar de su situación crítica, fueron alojados en un garaje del Sur en febrero del año pasado provocando un escándalo nacional ha pedido el archivo del caso por falta de pruebas, pero no sin reprobar la “dudosa conducta” de algunos responsables.
El fiscal delegado del servicio de delitos de odio y discriminación en Las Palmas, José Antonio Díez, ha interesado del juez de San Bartolomé de Tirajana el archivo de la investigación abierta a la Policía Nacional y al Servicio Canario de Salud por el trato a los inmigrantes que fueron confinados en un garaje policial de Maspalomas tras arribar a las costas isleñas en patera el 7 de febrero de 2016 en situación de absoluta emergencia humanitaria, pero no sin plasmar en su informe el vergonzoso trato que se les dio.
A juicio del representante del Ministerio Público, en el trato a los inmigrantes, el seguimiento de un elemental protocolo de examen médico y asistencia sanitaria pertinente en atención a las circunstancias siete habían muerto en alta mar dos más fallecieron al llegar a tierra  “no se produjo de un modo mínimamente racional  y ordenado, dando lugar a situaciones indicadoras de una posible conciencia y voluntad, al menos eventual, de no proporcionar a dichos individuos el trato digno correspondiente a cualquier otro grupo de personas (que no fuesen inmigrantes ilegales africanos) víctimas de un siniestro marítimo, con privación prolongada de alimento y agua potable (sic)”.
Díez enumera las deficiencias que a su juicio se produjeron en el episodio  (ausencia de identificación y examen médico inicial de los afectados; falta de alojamiento adecuado a su situación; horas de espera ante el centro de salud “en un furgón al sol”  de personas “que se hicieron sus necesidades encima”; ingreso en el CIE sin identificar a cada uno “como integrantes de un grupo que ha padecido una situación extrema con grave riesgo para su salud”), y apunta que “son ineficacias del Servicio Canario de Salud, propias de una situación de desbordamiento de los medios y recursos de tales instituciones, que el Ministerio Fiscal no puede considerar justificadas en el presente caso”.