Bilbao – Las ayudas que se perciben en Euskadi para compensar el copago de los medicamentos que impuso el Gobierno de Rajoy en 2012 podrían verse ampliadas ya que el Parlamento Vasco pidió ayer al Departamento de Salud que incluya a todas las personas desempleadas y a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). PNV y PSE, socios que conforman el Gobierno vasco, aceptaron extender estas prestaciones concebidas para neutralizar el copago, y suscribieron una enmienda junto con EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Hay que recordar que cada año, más de cien mil vascos solicitan estas ayudas. Durante los tres ejercicios que lleva en vigor el decreto que regula la devolución a ciertos colectivos del dinero que adelantaban por el copago farmacéutico implantado por el Estado, más de 300.000 solicitudes han recibido luz verde.

En el Pleno de la Cámara vasca todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, pidieron al Departamento de Salud que modifique el decreto aprobado en 2013. Desde esa fecha el Ejecutivo de Gasteiz, previa solicitud de los beneficiarios, devuelve el pago efectuado para adquirir medicamentos a pensionistas con ingresos inferiores a los 18.000 euros anuales y que sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria, así como a parados sin prestación por desempleo ni RGI y a los inmigrantes indocumentados sin recursos.

Aunque no está obligado a ello, el respaldo a la iniciativa de los socios de gobierno, PNV y PSE hace pensar que el Departamento de Salud modificará el decreto para introducir estas novedades. De hecho, el consejero de Salud, Jon Darpón, aseguró, en los pasillos de la Cámara que estudiará este cambio normativo, aunque precisó que hasta la fecha personas que cobran la RGI como pensionistas e inmigrantes ya pueden solicitar esas ayudas.

Asimismo el Parlamento instó al Gobierno español a la suspensión del decreto estatal que regula el copago farmacéutico porque “agrava la economía de las personas pensionistas y dificulta el acceso a la adherencia de tratamientos farmacológicos”. En esta línea, se solicitó al Gobierno vasco “que garantice que ninguna persona prescinda del tratamiento farmacológico establecido por los profesionales de Osakidetza por motivos económicos”.

Durante el debate, la parlamentaria de EH Bildu, Eva Blanco, criticó que el Gobierno central hable de la sostenibilidad del sistema para justificar el decreto cuando “pone en la diana a las personas más débiles y vulnerables”. En la misma línea, el parlamentario de Elkarrekin Podemos, Juan Luis Uria, indicó que el decreto del PP “fue un disparo a los sectores más frágiles, enfermos y vulnerables de nuestra sociedad” y expresó sus “dudas” sobre que todas las personas que necesitan la ayuda estén en el reintegro de gastos que prevé el Gobierno vasco. “El Gobierno vasco tiene que hacer un esfuerzo para mantener la neutralización de estos efectos perversos y plantear activamente la anulación del real decreto ley”, señaló.

La amenaza del recurso La parlamentaria del PNV, Gotzone Sagardui, recordó el rechazo del Gobierno vasco al decreto del Gobierno central, así como la medida puesta en marcha por Osakidetza para que los pacientes “cumplan con su tratamientos”. “En Euskadi nadie ha tenido que abandonar su tratamiento médico por no poder pagar la medicación”, remarcó. Asimismo, defendió el decreto vasco afirmando que “no se puede decir que este sistema ha fracasado porque las ayudas llegan a todas las personas que las solicitan”. Además puso de relieve que es la fórmula para que esta iniciativa no pueda ser recurrida por el Gobierno central. “La receta electrónica permitiría el no pago pero estaríamos abriendo la vía del recurso y suspensión inmediata de la medida por parte del Tribunal Constitucional”, advirtió.

La parlamentaria del PSE, Natalia Rojo, recordó que el decreto “alternativo” fue aprobado por el Gobierno vasco del socialista Patxi López y admitió que el sistema es “imperfecto”, para señalar a continuación que “se han mejorado cosas y seguramente se pueden seguir mejorando”. La parlamentaria del PP, Laura Garrido, fue la única que se desvinculó del resto de grupos al defender que el decreto nacional “garantiza la equidad y la cohesión para consolidar el Estado de Bienestar”.