BILBAO. A partir del próximo mes de junio los usuarios de Lanbide, tanto los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la ayuda para vivienda, como los demandantes de empleo, se identificarán en sus relaciones con el Servicio Vasco de Empleo mediante la huella dactilar. Esta medida, junto a la creación de un grupo antifraude y a la coordinación con Ertzaintza, policías locales y Seguridad Social, forman parte de las iniciativas adoptadas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco para mejorar la gestión de las ayudas sociales y evitar los casos de fraude y cobros indebidos.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, informó ayer de la batería de medidas diseñadas para agilizar la gestión de los trámites e incrementar los controles y reiteró la importancia del sistema vasco de garantía de ingresos para reducir la pobreza y aumentar la cohesión social. Según dijo la consejera, en breve el Gobierno vasco exigirá a todos los usuarios y trabajadores de Lanbide la identificación mediante la huella dactilar. Este sistema, que identifica a las personas a través del reconocimiento de sus huellas dactilares mediante un escáner, ya es utilizado en otras administraciones por ejemplo el Ayuntamiento de Gasteiz y el Instituto Foral de Bienestar Social de Araba y en algunas empresas privadas y ha sido diseñado por la empresa Izenpe. Empezará a aplicarse el próximo junio en una oficina piloto y posteriormente se ampliará a todas las sedes de Lanbide. Está previsto que antes de fin de año el control mediante huella esté implantado en las 43 oficinas, donde habrá escáneres de reconocimiento que facilitarán la realización de algunos trámites sin tener que esperar a ser atendidos por el personal.

MEJORAR EL CONTROL

Aunque hace unos dos años el Partido Popular ya propuso la identificación a través de la huella de las personas que recibían la RGI y la ayuda para vivienda con el fin de evitar casos de extranjeros que falsificaban pasaportes o cobraban más de una renta con distintas identidades, Beatriz Artolazabal negó ayer que la adopción de esta medida tuviera relación con el pacto presupuestario alcanzado recientemente entre el Gobierno vasco y el PP. La consejera recordó que el Ejecutivo trabaja desde hace tiempo en la implantación de este método de identificación cuyo objetivo es mejorar la prestación de servicios y evitar “situaciones no deseadas de fraude”.

Otra de las medidas anunciadas ayer consiste en la creación de un grupo antifraude que reunirá a miembros de las unidades de Control interno, RGI, Informática y comunicaciones, Asesoría jurídica y las oficinas locales de Lanbide con la finalidad de que estos profesionales generen instrucciones concretas para mejorar los controles y atajar fallos. Artolazabal dijo que también se pretende ampliar el ámbito de actuación de la Ertzaintza.

El aumento de la colaboración y del intercambio de datos con otras administraciones e instituciones es otro de los puntos fuertes de la lucha contra el fraude y los cobros indebidos por parte de perceptores de la RGI y la PCV. Así, el Gobierno vasco reclamará a la Tesorería de la Seguridad Social “una mayor coordinación” con Lanbide para posibilitar el cruce de información que permita acreditar las altas en actividad laboral que registren las personas perceptoras de ayudas y reducir el tiempo de comunicación sobre cambios en la situación laboral que existe ahora, lo que da lugar a cobros indebidos que luego exigen reclamación de cantidades.

También se establecerá un protocolo de actuación en coordinación con las policías locales de los municipios vascos para que, en caso de necesidad, puedan comprobar que las personas perceptoras de ayudas sociales residen dónde declaran hacerlo y si forman o no la unidad convivencial declarada.

Lanbide revisará permanentemente el procedimiento de trabajo y el modelo interno de actuación relacionado con la gestión de la RGI y la PCV, analizando factores como la carga de trabajo en las oficinas, la atención que se da a los expedientes en cada fase. El objetivo es optimizar los recursos existentes y reducir retrasos. Además, se diseñará un protocolo ante agresiones que puedan sufrir miembros del personal.