Los vecinos de Zorrozaurre se han visto obligados a incrementar sus medidas de autoprotección a raíz de la brutal agresión sufrida en la madrugada del sábado por un residente, golpeado en la cabeza por varios asaltantes en un ‘punto negro’ del barrio para robarle un móvil. Tras el ataque, denunciado a la Ertzain – tza, el vecindario redobló ayer sus llamamientos al Ayuntamiento de Bilbao para que solucione el problema de inseguridad que sufren en la confluencia del puente de Frank Gehry con la entrada a la península. Reclaman la eliminación de las vallas metálicas que encajonan el único acceso que tienen a sus viviendas. Y denuncian la presencia descontrolada de hasta un centenar de okupas, la mayoría de origen extranjero, en varios pabellones en estado de ruina.

Hasta entonces, los vecinos han decidido prevenirse para intentar sacudirse el miedo. «Les he dicho a mis hijos que ni se les ocurran venir solos andando a casa. Prohibido pasar por ahí, salvo que lo hagan en autobús o en taxi», advirtió ayer José Manuel, representante de la asociación vecinal de la ribera y padre de un chico de 14 años y una chica de 19.

José Manuel es uno de los treinta residentes que acudieron ayer al lugar de la agresión en señal de apoyo a la víctima, un hombre de 55 años. Con el rostro magullado y varios puntos en la cabeza, el herido agradeció las muestras de solidaridad, pero prefirió guardar el anonimato. Aún era visible en la acera el rastro de la sangre derramada tras la paliza. De origen australiano, lleva varios años residiendo en Bilbao tras una etapa de trotamundos en su juventud, según explicó su mujer. «Es curioso. Ha dormido en calles y playas de medio mundo cuando era un mochilero y casi le matan a la puerta de su casa», señaló.

Una «ratonera»

La zona del ataque es «una ratonera», declararon los vecinos a EL CORREO. Paredes metálicas de casi dos metros de altura, algunas de ellas con el lema ‘Bilbao berri’ de las obras, encajonan la única calle por la que deben entrar y salir al barrio, tras el cierre de la carretera que les unía al puente Euskalduna. José Manuel, el representante vecinal, se reunió el jueves pasado con la gerencia de la comisión de Zorrozaurre para trasladarle las inquietudes del barrio. Entre otras, le planteó la urgente eliminación de las vallas al considerar que pueden facilitar las emboscadas. El vecino también se interesó por el calendario de derribos de pabellones, dentro de la operación de la nueva zona en expansión de Bilbao.

Según su testimonio, la gerencia de la comisión, que reúne al Ayuntamiento, el Gobierno vasco, el Puerto y propietarios privados del suelo de Zorrozaurre, le confirmó su disposición a retirar las vallas, aunque requiere de una autorización municipal previa. La mujer de la víctima se pondrá hoy en contacto con el Consistorio para urgirle a que se mueva. Le enviará el informe del hospital de Basurto, donde su marido fue atendido, y la denuncia policial.

Los vecinos señalaron que uno de los «problemas» reside en los pabellones en desuso, utilizados por inmigrantes en situación de exclusión social. «Hay ropas y mantas apiladas. Con un cigarrillo o una vela, pueden ser un polvorín», indicaron alarmados. Los edificios más próximos a esas fábricas en ruina son muy antiguos – algunos llegan a los 200 años – y tienen estructuras de madera. Un peligro en caso de incendio. «Eso te lo digo yo, que me he debatido entre bajarles comida a los okupas o denunciarles», confesó una vecina.

El número de individuos que puede estar ocupando los pabellones ronda el centenar, según cálculos del vecindario. «Estas personas quedan fuera del recuento oficial de indigentes que realiza el Ayuntamiento», destacó una conocedora de las políticas sociales. «Y con el buen tiempo vendrán más», advirtieron los vecinos. En cualquier caso, la asociación consideró que la comisión debe asumir su «responsabilidad» y buscar una solución como «propietaria» de los talleres vacíos.

Rosa, también representante de la agrupación vecinal, reclamó una solución integral que vaya más allá de «parches» y desalojos de los inmigrantes. A su juicio, la Administración pública, que se hace cargo de los inmigrantes menores, «no puede dejarles sin cobertura y en precario» cuando tienen veinte años.