LAS DURAS recomendaciones incluidas en el Plan de Acción para la expulsión de inmigrantes ilegales presentado el pasado jueves por Jean-Claude Juncker revelan que la inmigración es una de las principales causas de división interna dentro de la UE, hasta el punto de poner en riesgo el proyecto comunitario. No hay que olvidar que en el electorado británico que votó a favor del Brexit influyó de manera decisiva el temor a una incesante afluencia de inmigrantes y refugiados, y la certeza de que las autoridades europeas eran incapaces de resolver esta cuestión.

Porque hasta la fecha ha sido imposible poner de acuerdo a los Estados miembros para que consensúen un programa común que aporte soluciones efectivas al mayor reto migratorio al que se enfrenta Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Han fracasado tanto las políticas de reparto por cuotas de los refugiados, ya que la mayoría de los países, España entre ellos, no las han cumplido, como la coordinación de la vigilancia fronteriza y la unificación de los protocolos de actuación. Esto último ha provocado que cada Estado haya aplicado sus propios criterios para abordar el problema y que los países de sur, por donde entran la mayor parte de los inmigrantes y refugiados, se hayan visto desbordados por una avalancha sin precedentes de personas que llegan a nuestras fronteras huyendo de unas guerras de las que en parte Europa es responsable, o en busca de una oportunidad de integración.

Contra estos últimos, los inmigrantes por razones económicas y aquellos que no cumplen los requisitos para lograr el derecho de asilo, es contra los que la Comisión Europea pretende actuar de forma más enérgica. Así, Juncker y su equipo quieren que los países europeos aumenten el número de expulsiones fuera de las fronteras comunitarias, ya que hasta ahora sólo una de cada tres personas en esta situación son devueltas a sus países de origen. La CE calcula que hay aproximadamente un millón de inmigrantes que deberían abandonar Europa lo antes posible. Dado que uno de los motivos principales por los que fracasan las deportaciones es por la negativa de muchos de esos países a aceptar que estas personas retornen, la CE insta a los Estados miembros a que aumenten el número de detenciones de inmigrantes sin papeles y amplíen el periodo de estancia en los centros de detención para preparar de manera más eficaz las operaciones de devolución a terceros países. La legislación europea permite privar de libertad, mientras se cierran los expedientes de los inmigrantes ilegales, entre seis y 18 meses, pero países como España o Francia, donde existen leyes menos duras, contemplan un plazo máximo de dos meses. Además, la CE recuerda que los niños deben también ser devueltos a sus países, vengan solos o en compañía de adultos, ya que de los contrario, advierten, se estaría «animando a los menores» a que emprendieran viajes peligrosos con la certeza de que si logran cruzar la frontera no serán enviados de vuelta a sus países.

El Plan de Juncker no incluye propuestas legislativas, tan sólo pretende presionar a los Estados miembros para que actúen con más dureza y más premura en la expulsión de los sin papeles. Pero resulta preocupante que estas recomendaciones coincidan con trascendentales elecciones en Holanda, Francia y Alemania, donde las opciones populistas y de extrema derecha, que utilizan la demonización de los inmigrantes para ganar votos, tienen serias posibilidades de acceder al poder o de condicionar la gobernabilidad. Es cierto que el problema de los refugiados y los inmigrantes ilegales ha desbordado a las autoridades comunitarias, que incluso se han visto obligadas a pedir una cara ayuda a Turquía para actúe de barrera de contención, pero no pueden caer en el mismo discurso populista que dicen querer combatir. Resulta paradójico que se critiquen las medidas antiinmigración decretadas por Trump y se persigan aquí los mismos objetivos a través del aumento de las expulsiones.

El populismo no se combate asumiendo como propias soluciones que contradicen los valores de solidaridad y tolerancia sobre los que se ha construido la UE. Europa, además, tiene una larga tradición de acogida y de asilo político que debe mantener dentro de sus posibilidades. Por desgracia, no es posible hacerse cargo de todos los refugiados e inmigrantes que llegan a nuestras fronteras, pero no pueden utilizarse atajos que vulneren los derechos humanos. La UE debe encontrar la manera de que esta situación sirva para reforzar su unidad de acción y no para poner en peligro su viabilidad.