La mañana que Donald Trump cambió sus vidas, José Eduardo Paz y Raúl García esperaban como siempre en el aparcamiento de una tienda Home Depot en el sur de Los Ángeles a que les contratara durante unas horas algún patrón con una obra pendiente. Son indocumentados, el primero hondureño y el otro mexicano. Paz lleva 14 años en Estados Unidos y García, 26. Tienen familia aquí e hijos estadounidenses. Los dos recuerdan haber sido detenidos alguna vez y soltados a las pocas horas porque no tenían antecedentes graves y su arraigo en Los Ángeles era evidente. La próxima vez, no será así.

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Nadie está a salvo. Ese es el mensaje que el Gobierno de Donald Trump ha enviado a 11 millones de personas en Estados Unidos: su vida puede ser destruida en cualquier momento, por un error, pasado o futuro. Y Trump decide lo que se considera error. Las nuevas normas de deportación detalladas por el Departamento de Seguridad Nacional, siguiendo las instrucciones del presidente Trump, amplían enormemente el universo de personas susceptibles de ser deportadas, aceleran los procesos de deportación y permiten deportar de forma instantánea a cualquiera que no pueda demostrar en el momento de ser detenido que lleva más de dos años en el país, entre otras medidas.

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“Uno se siente ahora más perseguido e inseguro”, decía Paz, de 38 años. “Antes podía volar con mi pasaporte a Miami a ver a mi hermano. Tenía un trabajo en Las Vegas los fines de semana y el lunes a las 7 de la mañana volvía a estar aquí". Desde que empezaron las redadas, "ya no me atrevo a ir por si hay check points a la entrada de California. Esto me ha quitado libertad”.

Las leyes de inmigración en sí no han cambiado, lo que ha cambiado es cómo se aplican, por medio de una orden ejecutiva del presidente y del memorándum con las guías de aplicación publicado el martes y que confirma los peores temores de la comunidad migrante indocumentada. “Obama deportó a un chingo de gente, pero no fue tan abusivo”, resumía Paz. “Con Obama tenías que cometer un error. Ahora te pueden deportar por cualquier cosa”.

Raúl García (izquierda) y José Eduardo Paz, el martes en Los Ángeles.

Raúl García (izquierda) y José Eduardo Paz, el martes en Los Ángeles. P. X. S.
Por ejemplo, una madre de tres hijos estadounidenses en Arizona fue deportada el pasado día 9 cuando su único antecedente era haber trabajado con un número de Seguridad Social falso. Ni siquiera pasó por el juzgado. Paz y García reconocen que, si es el criterio, “nos pueden deportar a todos, todo el mundo ha hecho eso para poder trabajar”.

Ese era uno de los puntos más preocupantes para Saúl Cabello, asesor de inmigración de una oficina Multi-Serv de asesoría legal en el sur de Los Ángeles. A las 10.30 de la mañana, poco después de abrir la oficina, Cabello se acababa de imprimir el memorándum y se lo estaba estudiando para tratar de responder preguntas. Su primera conclusión del texto es que se ha acabado la posibilidad de salir en libertad condicional con una citación judicial. “La gente va a ser detenida y deportada”. Su recomendación: “Tengan más cuidado que antes. Pasen desapercibidos lo mejor que puedan”.

El abogado especialista en inmigración Álex Gálvez tenía el buzón de voz del teléfono lleno a media mañana. Para Gálvez, lo más preocupante es que el reglamento restringe mucho el margen de discreción que antes tenían los agentes de inmigración. “Antes los agentes de inmigración en la calle podían no ponerte en procedimiento al detenerte. A partir de hoy, todo el que caiga en manos de inmigración tiene que ser procesado. Los agentes ya no tienen la libertad. Dependes del juez”.

Saúl Cabello, asesor de inmigración, con el reglamento de deportaciones.

Saúl Cabello, asesor de inmigración, con el reglamento de deportaciones. P. X. S.
En cuanto a las deportaciones instantáneas sin pasar por el juez, Gálvez cree que “eso no se va a poder hacer”. “Es una violación del derecho al debido proceso. Uno tiene el derecho de pelear su caso de deportación, es un derecho constitucional. Si Trump no honra esos derechos vamos a ver muchas denuncias”, dice Gálvez.

El otro aspecto preocupante para Gálvez es que el reglamento contiene “un lenguaje peligroso” cuando habla de que los agentes de inmigración pueden detener a alguien por una “sospecha razonable”. Eso da pie a actuar según patrones raciales. Una política que ya fue declarada ilegal cuando la puso en marcha el sheriff Joe Arpaio (amigo de Trump) en Phoenix. “Parece que da mucha licencia a los condados o ciudades dispuestos a participar en deportaciones, luz verde para que la policía actúe como inmigración. El Gobierno federal do luz verde a todos los arpaios en EE UU”.

Mientras Paz y García, los indocumentados del Home Depot, hablan con el periodista, pasa por el aparcamiento un coche de la policía de Huntington Park. Ni se para. “A veces saludan”, dicen los indocumentados. Las policías locales de las grandes ciudades con muchos indocumentados no detienen a gente por ser indocumentada. Eso es lo que pretende cambiar también Trump, que pide la colaboración de todas las fuerzas de seguridad del país para las deportaciones. A eso se refiere el abogado Gálvez con que el Gobierno da la bienvenida a todos los jefes de policía que quieran colaborar. El martes, de momento, esa patrulla del aparcamiento no se daba por aludida.

Millones de indocumentados como Paz y García saben que tendrán que tener más cuidado. Esconderse y evitar a la policía no es algo nuevo. El peligro es que decidieran ir específicamente a por ellos, ahí, en ese aparcamiento donde todo el mundo sabe que puede encontrarlos. Pero por el momento, García ha sobrevivido a cuatro gobiernos distintos, cada uno con su política migratoria. Eso le da cierta perspectiva. “Tengo fe en que no va a pasar nada. Yo llevo aquí 26 años. Trump va a estar cuatro. Cuando se vaya, nosotros seguiremos aquí”.

LAS DEPORTACIONES MASIVAS AMENAZAN LA SEGURIDAD
P. X. S.
California es el estado con más inmigrantes irregulares del país, con alrededor de 2,3 millones (el 6% de la población), según el centro de estudios Pew. El asunto de la policía local es especialmente preocupante en regiones como Los Ángeles, donde los cuerpos de policía llevan años aplicando una política de no colaboración con inmigración. Es lo que se conoce popularmente como ciudades santuario. En realidad, es simplemente que la policía local no detiene a la gente por estar sin papeles. Si lo hicieran, cientos de miles de personas, quizá millones, no colaborarían con la policía y no denunciarían por miedo. Esta política lleva en marcha décadas y ha sido muy costoso lograr la confianza de las comunidades con gran presencia de indocumentados.

Por eso el martes el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, publicó un comunicado en el que decía que la política migratoria no debe “convertir a la policía en una fuerza de deportación o extender un miedo general al apuntar a trabajadores inmigrantes que contribuyen tanto a nuestra economía”. “La gente que ya ha construido su vida en este país no debería nunca tener que vivir con miedo de que separen a su familia”, dice el comunicado. La Policía de Los Ángeles, que depende del alcalde, ya ha dicho que no piensa colaborar con inmigración.