El Consejo de Ministros presidido por la canciller, Angela Merkel, aprobó ayer una serie de medidas para la expulsión de Alemania de aquellos peticionarios de asilo cuyas solicitudes han sido rechazadas. El Gabinete dio luz verde a un proyecto de ley que contempla las decisiones tomadas conjuntamente por el Ejecutivo de Berlín y los gobiernos de los 16 Estados germanos hace dos semanas. Entre las medidas más polémicas figura la autorización a la Oficina Federal de Migración y Refugiados (Bamf) para, en casos determinados, revisar los teléfonos móviles de los solicitantes de asilo con el objetivo de determinar su verdadera identidad y país de procedencia.

El ministro de Interior, Thomas de Maizière, había calificado esta medida de «adecuada, proporcionada y necesaria». Organizaciones para la defensa de los derechos humanos y representantes de Los Verdes y La Izquierda habían puesto en duda la constitucionalidad de la intervención de los móviles al considerar que viola el derecho a la intimidad de las personas y la protección de datos. La organización humanitaria Pro Asyl criticó la iniciativa al considerar que amenaza con hacer «transparentes» a los refugiados y supone una «brutalización de las prácticas de expulsión». Alemania se transforma de «país de acogida en país de expulsión», dijo el presidente de Pro Asyl, Günter Burkhard.

La llamada ‘Ley para una mejor ejecución de las expulsiones’ contempla además el ingreso en prisión preventiva previa a la deportación de aquellos extranjeros de los que parte «un apreciable peligro para la vida de terceras personas o una amenaza significativa para la seguridad interior». Afecta a quienes son considerados terroristas potenciales y de los que se cuenta con datos suficientes como para extremar su control. Pero también aquellos que den datos falsos sobre su identidad o nación de origen al solicitar asilo en Alemania contarán con severas sanciones.