El Gobierno del presidente Donald Trump ha establecido este martes las nuevas directrices de control migratorio en EE.UU., entre ellas acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes migratorios.

Entre las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, figura la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).

«El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EE.UU.», se subraya en las directrices.

Asimismo, se especifica un cambio en las políticas que precisa que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también a aquellos que hayan «abusado» de los beneficios públicos o que, «a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional».

El Departamento de Seguridad Nacional, agrega, «ya no eximirá a clases o categorías» de extranjeros indocumentados de «una potencial aplicación de la ley», es decir, de una deportación.

Esto supone un notable cambio respecto a las directrices marcadas durante el anterior Gobierno de Barack Obama, que ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones en base a violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del coche.
Los «dreamers» quedan exentos

El Gobierno de Donald Trump, que ha establecido las nuevas directrices de control migratorio, con una expansión masiva de la capacidad de deportaciones, ha dejado exentos a los jóvenes indocumentados («dreamers» o «soñadores») que llegaron a EEUU cuando eran menores de edad.

En el documento del Departamento de Seguridad Nacional se especifica que estos jóvenes indocumentados «no» se verán afectados por las nueves órdenes de la agencia federal.

El Programa de Acción Diferida (DACA), impulsado por el Gobierno de Barack Obama en 2012, ha permitido frenar la deportación de 750.000 «soñadores».