Aproximadamente el 93% de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en EEUU pueden ser deportados. Así lo establecen dos memorandos del Departamento de Seguridad Interior en los que se desarrollan las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de ese país, Donald Trump, en las últimas semanas. Los documentos también fijan la creación de una base de datos en la que estén registrados esos 11 millones de sin papeles, y prevén la contratación de 15.000 empleados públicos para combatir la inmigración.

Las únicas que, por ahora, se libran de la expulsión son las 750.000 personas denominadas dreamers –o sea, soñadores–, que llegaron a EEUU siendo menores de edad, normalmente con sus padres y, en muchos casos, ni siquiera tienen memoria de haber vivido en otro país. Entretanto, Donald Trump ultima una nueva orden ejecutiva en relación a los inmigrantes de siete países de mayoría musulmana.

A partir de ahora, todo extranjero que esté en Estados Unidos hará bien en llevar consigo documentación. No importa que sea inmigrante legal, residente, estudiante, o turista. Necesita los papeles. Si no los puede mostrar a las fuerzas de seguridad, será detenido. Si logra demostrar que está legalmente en el país, quedará en libertad. Si es uno de los 11 millones de indocumentados que hay en el país, permanecerá en la cárcel. Allí, su nombre y sus datos serán incluidos en una base de datos en la que el Gobierno de Donald Trump quiere tener a todos los inmigrantes ilegales. A continuación, las autoridades decidirán si permanece en EEUU o si es deportado.

Así lo establecen dos memorandos internos del Departamento de Seguridad Interior de EEUU, en lo que es el primer paso efectivo del Gobierno de Donald Trump para frenar lo que considera una invasión de inmigrantes, pese a que desde 2008 EEUU tiene un saldo migratorio negativo, es decir, que se va más gente de la que llega. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, insistió ayer en que el objetivo no son deportaciones masivas, sino expulsar a «gente que es peligrosa», o sea, sin papeles que hayan cometido crímenes.

Pero lo cierto es que la nueva regulación da una enorme libertad de acción a los funcionarios de inmigración y de Justicia para detener a casi cualquier sin papeles y enviarlo a su país de origen… o también al que no es su país de origen. Porque, en el caso de los detenidos en la frontera, EEUU los despachará a México o a Canadá. Paradójicamente, ni los mexicanos (a pesar de la propaganda) ni los canadienses emigran a EEUU. La mayor fuente de llegada de sin papeles es de América Central, donde el narcotráfico y la violencia organizada han ocasionado el colapso de las estructuras del Estado.

PLAZAS CARCELARIAS

Las nuevas regulaciones incluyen la contratación de 15.000 empleados públicos para la lucha contra la inmigración ilegal y la expansión de las competencias de las policías locales y estatales para poder hacer arrestos de inmigrantes. De hecho, en un memorándum previo, el Departamento de Seguridad Interior declaraba que «la detención de estas personas puede no ser posible de inmediato», a pesar de que EEUU tiene más de 39.000 plazas carcelarias para indocumentados.

Bajo el régimen vigente hasta ahora, las expulsiones se centraban en dos grupos de inmigrantes ilegales: los que tenían antecedentes penales, y los que habían sido apresados cerca de la frontera. Ambos grupos siguen siendo prioritarios. Pero, además, el Gobierno de Trump ha incluido en ese grupo a personas que han cometido faltas leves (incluyendo infracciones de tráfico), o han desobedecido órdenes de expulsión previas. Cualquier inmigrante que haya sido detenido después del 25 de enero permanecerá bajo custodia policial hasta que las autoridades decidan su permanencia en EEUU o su expulsión. Los menores de edad que sean apresados solos cruzando la frontera también serán expulsados.

Finalmente, los memorandos anuncian el comienzo de los estudios para extender la alambrada y el muro metálico combinados con sistemas de vigilancia electrónica que ya existen entre México y EEUU. Esa barrera está decidida en virtud de una ley de 2006, aprobada con el apoyo de los republicanos y de gran parte de los demócratas. De lo que no hablan, sin embargo, es de la construcción del archifamoso muro entre los dos países. Pero el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el de Seguridad Interior, el general retirado John Kelly, viajan hoy a México, donde se van a reunir con el presidente de ese país, Enrique Peña-Nieto, para discutir cuestiones de «seguridad fronteriza».

Entretanto, el presidente de EEUU prepara nuevas medidas en materia de inmigración. Después de que los tribunales tumbaran la orden ejecutiva que prohibía la entrada por 90 días de personas de siete países de mayoría de población musulmana, sus asesores están concluyendo un documento algo más suave. El nuevo texto, según la prensa, impedirá la entrada en el país de personas de esos siete países que nunca hayan pisado el territorio estadounidense, pero no incluirá a los viajeros con visados o a los residentes permanentes en Estados Unidos. Los siete países afectados son Libia, Siria, Irak, Irán, Somalia, Sudán, y Yemen.