El muro de Australia, sin fronteras terrestres, es más real que el de Trump: nadie que llegue a ese país por mar puede reclamar estatus de refugiado. ¿Qué ocurre con quienes, pese a todo, lo intentan? Que acaban en centros de detención financiados con dinero australiano en las islas Nauru y Manus. Nauru es un atolón del Pacífico de 21 kilómetros cuadrados y 10.000 habitantes que en los setenta solía presumir de tener la mayor renta per capita del mundo: 50.000 dólares gracias a la explotación de sus minas de fosfatos. Pero las minas se agotaron y su única fuente de ingresos desapareció. El negocio que les propuso Australia sonaba jugoso. Pero los más de 1.200 refugiados que viven ahí desde hace tres años no piensan lo mismo. Maltratos, violaciones y abusos son parte del menú diario y desde Amnistía Internacional (AI) a las Naciones Unidas le han pedido a Australia responsabilidades. Sin éxito. Y eso que se gastan anualmente 350.000 dólares en cada refugiado, según los presupuestos australianos. El centro de detención de Manus, con 1.000 refugiados, fue declarado ilegal en 2016 por el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea, el país al que pertenece, pero sigue operando, en condiciones pésimas. “Aquí solo sobrevivimos. Somos almas muertas en cuerpos vivos”, decía una mujer entrevistada por AI en agosto.

Todos pensaban que sus pesadillas terminarían gracias al acuerdo de acogida que Obama firmó con Australia. Pero Donald Trump lo calificó de “estupidez”, lo dejó en el limbo y además emitió una orden ejecutiva, frenada de momento en los tribunales, para prohibir la entrada de refugiados de siete países, entre los que hay algunos en esas islas. Lejos de estremecerse, el ministro de Inmigración australiano, Peter Dutton, ha encontrado inspiración y ahora busca aprobar una ley similar, el Migration Act, que le dará poderes personales para revocar visados por cuestiones de raza, religión o nacionalidad.