La Administración Trump ha hecho públicos este martes 20 de febrero los detalles de su reforma legal con respecto a los inmigrantes sin papeles, una población estimada en algo más de 11 millones de ciudadanos. De acuerdo con la información del Pew Research Center, más de la mitad de esta población es mexicana, siete de cada diez llevan en el país más de una década y casi el 90% está empleado.

Entre las nuevas medidas destaca la ampliación de los supuestos de deportación inmediata, que hasta ahora se limitaban en la práctica a la comisión de delitos graves y a la detención a una distancia y en un período mucho más cortos de los que se ahora se introducen. También se propone la contratación de 10.000 nuevos agentes federales y la recuperación de incentivos y castigos para la colaboración de los agentes locales (como informa The New York Times, este programa había sido minimizado por la Administración Obama). Los llamados dreamers quedan por ahora fuera de peligro.

La medida ha sido justificada en base a dos argumentos que casan mal con los hechos. El primero de ellos es que la inmigración irregular supone una competencia desleal para los trabajadores estadounidenses o los inmigrantes legales, ocupando sus empleos y disminuyendo sus salarios. La realidad, sin embargo, es que en una economía en situación de virtual pleno empleo (4,8% de tasa de paro) y una fuerza laboral de cerca de 160 millones de personas, los graves problemas de inequidad salarial de su mercado de trabajo difícilmente pueden ser achacados a un grupo de 8 millones que se concentra en los puestos de más baja cualificación.

Lo cierto es que la expulsión de estos trabajadores puede crear problemas mucho más graves de los que pretende resolver. Como recuerda Michael Clemens en un reciente estudio sobre la participación de los inmigrantes en el sector agrario, los estadounidenses sencillamente no quieren hacer según qué trabajos (pueden encontrar en esta pieza de The Washington Post una buena explicación de este asunto). El propio Clemens contaba hace unos días en Politico cómo le fue a los estadounidenses la última vez que se les ocurrió la feliz idea de expulsar a los braceros mexicanos, acogidos a un exitoso modelo de inmigración temporal que fue eliminado en 1964.

El segundo argumento se refiere a la necesidad de reducir los intolerables niveles de criminalidad que supuestamente sufre el país. Cierto que cuando se compara Estados Unidos con sociedades menos diversas como Luxemburgo o Finlandia la proporción de delitos por habitante es muy alta, pero esa no debería ser una razón para sacar conclusiones apresuradas. En primer lugar, los Estados Unidos viven un momento dulce con las tasas de delito más bajas desde 1967 y concentradas en un puñado de “puntos calientes”. En segundo lugar, es cierto que hay un número importante de inmigrantes entre los delincuentes, pero la gran mayoría de ellos son de segunda generación y, en cualquier caso, su tasa sigue por debajo de la de los “nativos” (ver gráfico adjunto). Como recordaba la cadena CBS citando al American Immigration Council, el ratio de varones adultos encarcelados es el doble entre los nacidos en EEUU (3,3%) que entre los nacidos fuera (1,6%).
Las tasas de delito entre los inmigrantes de primera generación son considerablemente más bajas. Fuente: Pew Research Center.
Las tasas de delito entre los inmigrantes de primera generación son considerablemente más bajas. Fuente: Pew Research Center.

Pero nunca dejes que los hechos arruinen un buen argumento electoral. Inunda tus mensajes de información distorsionada o abiertamente falsa, e invita al Despacho Oval a familiares de personas asesinadas por inmigrantes irregulares. Hostiga y aterroriza a una población altamente vulnerable que ahora tendrá menos incentivos que nunca para integrarse y colaborar con las instituciones. Cava más hondo en el agujero creado por un modelo que opera de espaldas a la realidad económica y al más fundamental sentido de la decencia.

Todos los expertos coinciden en que la aplicación práctica de la medida será costosa y compleja. Las estimaciones del coste de expulsar a los 11 millones de sin papeles – como Trump prometió en campaña- han llegado hasta los 300.000 millones de dólares. Limitarse a una fracción del total disminuirá la cifra, pero no hasta el punto de hacerla aceptable para una mayoría de estadounidenses que han aceptado hasta ahora con naturalidad cotidiana el fenómeno de la inmigración irregular. Tampoco será fácil que traguen con el impacto humanitario de estas medidas en poblaciones que, al fin y al cabo, viven en sus barrios y trabajan en sus casas.

Y esta es precisamente la esperanza que nos queda. La mayor parte de los inmigrantes irregulares (59%) se concentra en tan solo seis estados (California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois). De cómo respondan estas regiones y las ciudades donde viven y trabajan los sin papeles va a depender en buena medida la capacidad de Trump para imponer su voluntad (ya existe una esperanzadora red de ciudades santuario). En el caso de la orden ejecutiva contra los extranjeros musulmanes, muchos de ellos dieron una lección, pero este caso puede ser mucho menos popular para demócratas y republicanos moderados. Por eso es esencial que la población recuerde a sus gobernantes y legisladores de qué lado están en este asunto.