Washington – La Administración que dirige Donald Trump prevé dejar fuera de sus planes de lucha contra la inmigración ilegal en el país y la expulsión de indocumentados a aquellos que llegaron siendo menores de edad al país, los conocidos como dreamers. El secretario de Seguridad Interior, John Kelly, publicó ayer martes dos memorandos en los que se detalla cómo se prevé llevar a la práctica las órdenes ejecutivas firmadas por Trump a finales de enero sobre la materia. En declaraciones recogidas por la cadena Fox News, un responsable del Departamento de Seguridad Interior (DHS) indicó que las nuevas directivas contra los inmigrantes ilegales no afectarán a aquellos que llegaron al país siendo unos niños, a los que el expresidente Barack Obama dio una protección especial.

Pero al margen de ellos, Kelly ha asegurado en uno de los documentos que su departamento no hará excepciones respecto a los extranjeros que pueden ser deportados. “El personal del Departamento tiene plena autoridad para arrestar o detener a un extranjero del que un oficial de inmigración tiene una causa probable para creer que está violando las leyes de inmigración”, añadió.

el ‘delito’ de no tener papeles Cualquier inmigrante sin papeles estaría violando las leyes migratorias por lo que podría ser arrestado y deportado. Esto coloca a millones de personas como susceptibles de ser detenidas y deportadas. Se sigue considerando prioritarias la detención y deportación de aquellos inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos si bien se incluye a los que no han sido condenados por ellos o solo han cometido delitos de carácter migratorio (no tener papeles). Se especifica un cambio en las políticas que precisa que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también a aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional”.

El Departamento de Seguridad Nacional, agrega, “ya no eximirá a clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”, es decir, de una deportación. Esto supone un notable cambio respecto a las directrices marcadas durante el anterior Gobierno de Barack Obama, que ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones en base a violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del coche.

Kelly denunció que “el incremento de la inmigración ilegal en la frontera sur ha superado a las agencias federales y los recursos y ha creado una vulnerabilidad de seguridad nacional significativa para Estados Unidos”. En este sentido, puso el acento en que muchos de los detenidos en la frontera y que tienen que ser deportados, aprovechan su puesta en libertad mientras dura el proceso para desaparecer y que el mismo suele dilatarse hasta más de dos años. Además, ha indicado que se han incrementado un 200 por cien los casos a la espera de resolución judicial para la deportación.

Para paliar esta situación, Kelly ha autorizado a que se pueda devolver a los inmigrantes que lleguen por tierra desde México a la espera de que se resuelva formalmente su deportación, una medida que “ahorrará al Departamento recursos de detención” que podrán destinarse a otros fines.

Asimismo, en virtud de las nuevas instrucciones, ahora se podrá deportar de forma expedita a inmigrantes que no puedan demostrar que llevan más de dos años en el país, mientras que hasta ahora esta medida solo se aplicaba a los que llevaban más de 14 días.

15.000 nuevos ‘cazainmigrantes’ Por otra parte, como ya hiciera Trump, en las órdenes ejecutivas, Kelly ha dado instrucciones para contratar a otros 5.000 agentes de Fronteras y a 10.000 agentes de aduanas e inmigración.

No obstante, según explicaron a la prensa fuentes del DHS, muchas de estas instrucciones no podrán aplicarse de forma inmediata ya que dependen del Congreso o de negociaciones con otros países.

Por ejemplo, indica Reuters, el DHS tendrá que publicar un aviso en el Registro Federal sujeto a revisión para poder aumentar el número de inmigrantes a los que no se les concede una vista antes de su deportación. – Efe