Madrid – Los sentimientos de los españoles frente al fenómeno de la
inmigración evolucionan a medida que la comunidad extranjera se asienta en
nuestro país. Según un estudio del CSIC, un 62 por ciento no está de
acuerdo con que los inmigrantes les «quiten» puestos de trabajo, pero el
59% cree que, al aceptar sueldos más bajos, hacen descender los salarios,
a tenor de las cifras divulgadas ayer con motivo del Día de la Eliminación
de la Discriminación Racial.
   Durante la presentación del
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, la secretaria de Estado
de Inmigración, Consuelo Rumí, calificó de «muy positivos» los resultados
de esta encuesta nacional, encargada por su departamento al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Las conclusiones provisionales
del estudio, que aún está en fase de elaboración, «muestran que en la
sociedad española hay un rechazo hacia las manifestaciones abiertas de
racismo, pero se han detectado nuevas manifestaciones o expresiones» de
este tipo, indicó la alta funcionaria.
   Racismo cotidiano. La
directora general de Integración, Estrella Rodríguez, explicó por su lado
que dichas nuevas formas se refieren a un tipo de racismo cotidiano más
«callado e invisible», que se produce en ámbitos como el empleo, la
vivienda o la escuela. En este sentido, se están desarrollando otras
«modalidades» de xenofobia más encubiertas y sutiles. Este rechazo se da
con mayor frecuencia en centros escolares e institutos, en el interior de
barrios y pueblos o a la hora de alquilar una vivienda a una persona
extranjera.
   Otro de los resultados destacados por la Secretaría de
Estado es que el 65 por ciento de los encuestados «valora positivamente la
existencia de personas de origen racial, religión y cultura diferentes», y
a dos de cada tres «le parece inaceptable que se excluya a una alumna de
un colegio por llevar el velo islámico».
   También hay
consenso ciudadano acerca de la concesión de derechos sociales y de
ciudadanía a los inmigrantes instalados de forma regular en España: un 85
por ciento está a favor de que traigan a su familia, un 91%, que cobren el
subsidio del paro; un 80 por cien, que voten en las municipales; y un 86%,
que puedan obtener la nacionalidad española.
   Además, dijo Rumí,
el 62 por ciento de los encuestados no está de acuerdo con que los
extranjeros «quiten» puestos de trabajo a los españoles, aunque otro 59
comparte que, al aceptar los inmigrantes sueldos más bajos, hacen que
bajen los salarios. La encuesta, realizada por teléfono a 2.400 personas,
también refleja que el 67 por ciento opina que los actos violentos entre
inmigrantes y españoles «son hechos aislados».
   La
mayoría de la población no admite los insultos racistas y los considera un
delito, incluso cerca de dos de cada tres encuestados se muestran a favor
de que las personas que pronuncien este tipo de insultos en público sean
sancionados por la Justicia «en todos los casos».
   Asimismo, Rumí, acompañada por la directora del Observatorio, Amapola
Blasco, explicó que, entre sus objetivos figura hacer un «diagnóstico
periódico de la situación del racismo y la xenofobia» en España,
establecer «cauces de comunicación con las organizaciones nacionales e
internacionales que trabajan en la lucha contra el racismo» y «promover el
principio de igualdad».
   Para alcanzar el primer objetivo,
explicó la directora general de Integración, se diseñará e implantará un
sistema de información para la permanente recogida y análisis de
información relacionada con la lucha contra el racismo y la xenofobia. El
Observatorio realizará también estudios que contribuyan a dar un
diagnóstico sobre la situación española en esta materia, y su labor será
difundida a través de una web alojada en la página del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
   Por último, explicó Estrella Rodríguez,
el Observatorio dará apoyo técnico al Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial
o Étnico. Este organismo podrá asistir a víctimas de actitudes racistas y
orientarlas si desean acudir a la vía penal o civil, o para que opten por
una eventual reclamación administrativa.
   Precisamente ayer, se
daba a conocer otro informe de la ONG SOS Racismo que pone de manifiesto
el aumento del 15% en las denuncias que llegaron en 2005 a sus oficinas
por agresiones y discriminaciones de carácter racista, en las que, a
diferencia de otros años, se aprecia un «recrudecimiento» del grado de
violencia empleado por el o los agresores.
   El mayor número de las
denuncias, un año más, hacen referencia a las agresiones y abusos de los
Cuerpos de Seguridad, que ya representan una cuarta parte del total. El
segundo bloque en importancia, según el volumen de denuncias recibidas, es
el denominado «discriminación en servicios», como prohibir la entrada en
un local de ocio, que supone un 20% del conjunto de casos.
   Desde la
Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (Atime)
consideraron que el futuro de España pasa «por la inmigración» y
destacaron la necesidad de fomentar políticas que demuestren la aportación
de la inmigración «a nivel cultural, social y económico».
   El presidente de Atime, Kamal Rahmouni, declaró a Ep que «hay que entender»
que la inmigración es «un fenómeno nuevo en España, positivo y normal» y
que las personas «tienen que convivir» con «aquellos que eligieron»
nuestro país para «establecerse». El representante de uno de los grupos de
inmigrantes más numeroso aseguró que «las pateras generan preocupación y
miedo», pero que la española es «una sociedad abierta y preparada» para la
convivencia.
   Madrid – Los sentimientos de los españoles frente al
fenómeno de la inmigración evolucionan a medida que la comunidad
extranjera se asienta en nuestro país. Según un estudio del CSIC, un 62
por ciento no está de acuerdo con que los inmigrantes les «quiten» puestos
de trabajo, pero el 59% cree que, al aceptar sueldos más bajos, hacen
descender los salarios, a tenor de las cifras divulgadas ayer con motivo
del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial.
   Durante la presentación del Observatorio Español del Racismo y la
Xenofobia, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, calificó
de «muy positivos» los resultados de esta encuesta nacional, encargada por
su departamento al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las
conclusiones provisionales del estudio, que aún está en fase de
elaboración, «muestran que en la sociedad española hay un rechazo hacia
las manifestaciones abiertas de racismo, pero se han detectado nuevas
manifestaciones o expresiones» de este tipo, indicó la alta funcionaria.
   Racismo cotidiano. La directora general de Integración, Estrella Rodríguez,
explicó por su lado que dichas nuevas formas se refieren a un tipo de
racismo cotidiano más «callado e invisible», que se produce en ámbitos
como el empleo, la vivienda o la escuela. En este sentido, se están
desarrollando otras «modalidades» de xenofobia más encubiertas y sutiles.
Este rechazo se da con mayor frecuencia en centros escolares e institutos,
en el interior de barrios y pueblos o a la hora de alquilar una vivienda a
una persona extranjera.
   Otro de los resultados destacados por la
Secretaría de Estado es que el 65 por ciento de los encuestados «valora
positivamente la existencia de personas de origen racial, religión y
cultura diferentes», y a dos de cada tres «le parece inaceptable que se
excluya a una alumna de un colegio por llevar el velo islámico».
   También hay consenso ciudadano acerca de la concesión de derechos sociales
y de ciudadanía a los inmigrantes instalados de forma regular en España:
un 85 por ciento está a favor de que traigan a su familia, un 91%, que
cobren el subsidio del paro; un 80 por cien, que voten en las municipales;
y un 86%, que puedan obtener la nacionalidad española.
   Además,
dijo Rumí, el 62 por ciento de los encuestados no está de acuerdo con que
los extranjeros «quiten» puestos de trabajo a los españoles, aunque otro
59 comparte que, al aceptar los inmigrantes sueldos más bajos, hacen que
bajen los salarios. La encuesta, realizada por teléfono a 2.400 personas,
también refleja que el 67 por ciento opina que los actos violentos entre
inmigrantes y españoles «son hechos aislados».
   La
mayoría de la población no admite los insultos racistas y los considera un
delito, incluso cerca de dos de cada tres encuestados se muestran a favor
de que las personas que pronuncien este tipo de insultos en público sean
sancionados por la Justicia «en todos los casos».
   Asimismo, Rumí, acompañada por la directora del Observatorio, Amapola
Blasco, explicó que, entre sus objetivos figura hacer un «diagnóstico
periódico de la situación del racismo y la xenofobia» en España,
establecer «cauces de comunicación con las organizaciones nacionales e
internacionales que trabajan en la lucha contra el racismo» y «promover el
principio de igualdad».
   Para alcanzar el primer objetivo,
explicó la directora general de Integración, se diseñará e implantará un
sistema de información para la permanente recogida y análisis de
información relacionada con la lucha contra el racismo y la xenofobia. El
Observatorio realizará también estudios que contribuyan a dar un
diagnóstico sobre la situación española en esta materia, y su labor será
difundida a través de una web alojada en la página del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
   Por último, explicó Estrella Rodríguez,
el Observatorio dará apoyo técnico al Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial
o Étnico. Este organismo podrá asistir a víctimas de actitudes racistas y
orientarlas si desean acudir a la vía penal o civil, o para que opten por
una eventual reclamación administrativa.
   Precisamente ayer, se
daba a conocer otro informe de la ONG SOS Racismo que pone de manifiesto
el aumento del 15% en las denuncias que llegaron en 2005 a sus oficinas
por agresiones y discriminaciones de carácter racista, en las que, a
diferencia de otros años, se aprecia un «recrudecimiento» del grado de
violencia empleado por el o los agresores.
   El mayor número de las
denuncias, un año más, hacen referencia a las agresiones y abusos de los
Cuerpos de Seguridad, que ya representan una cuarta parte del total. El
segundo bloque en importancia, según el volumen de denuncias recibidas, es
el denominado «discriminación en servicios», como prohibir la entrada en
un local de ocio, que supone un 20% del conjunto de casos.
   Desde la
Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (Atime)
consideraron que el futuro de España pasa «por la inmigración» y
destacaron la necesidad de fomentar políticas que demuestren la aportación
de la inmigración «a nivel cultural, social y económico».
   El presidente de Atime, Kamal Rahmouni, declaró a Ep que «hay que entender»
que la inmigración es «un fenómeno nuevo en España, positivo y normal» y
que las personas «tienen que convivir» con «aquellos que eligieron»
nuestro país para «establecerse». El representante de uno de los grupos de
inmigrantes más numeroso aseguró que «las pateras generan preocupación y
miedo», pero que la española es «una sociedad abierta y preparada» para la
convivencia.