Con los ecos aún recientes del concierto solidario (y de la controversia) del pasado sábado en el Palau Sant Jordi a favor de la llegada de refugiados, el Ayuntamiento de Barcelona elogió ayer una vez más el ejemplo que la sociedad civil ha dado a las instituciones y denunció que el Estado no puede seguir cerrando los ojos “ante esta barbarie”. Retrasar las soluciones es aplicar la táctica del avestruz ante un problema que crece cada día, como dio a entender el teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens en la presentación de las novedades del plan Ciutat Refugi.

Este mes de enero se batieron todos los récords históricos de llegada de demandantes de protección internacional a la capital catalana, un total de 566, un 85% más de los que llegaron en enero del 2016. Todos recibieron ayuda y asesoramiento (además de alojamiento de emergencia en los casos más vulnerables) gracias al organismo municipal de atención a inmigrantes, emigrantes y refugiados, donde también trabajan expertos de la Cruz Roja, el Comité de Ayuda al Refugiado, Comisiones Obreras o el Col·legi d’Advocats, entre otras instituciones. Este servicio, conocido por las siglas de Saier, es el sismógrafo perfecto para detectar las convulsiones del mundo. En el 2013 atendió a 9.784 inmigrantes; tres años después, a 13.347. El porcentaje de solicitantes de asilo también se ha disparado en los últimos 14 años: de 304 en el 2002 a 2.292 en el 2016. Su origen se ha diversificado mucho y sirve para recordar tragedias olvidadas como la guerra civil que desangra la República Centroafricana.

Pero este incremento de llegadas no sólo demuestra que “el mundo está cada vez peor”, como lamenta Ramon Sanahuja, director del Saier, sino que el programa estatal de acogida de refugiados fomenta cada vez más la movilidad. Antes, si un refugiado iniciaba la acogida en Santander, por poner un ejemplo, debía seguir allí durante todo el proceso. Ahora, el Estado permite que puedan elegir “y muchos eligen Barcelona”. Síntoma de la mala coordinación institucional que impera en este ámbito, estos inmigrantes llegan sin que las autoridades estatales avisen previamente a las catalanas. Es sólo uno de los ejemplos que Jaume Asens puso ayer para criticar el programa estatal de acogida, al que califica de burocrático y rígido e incapaz de dar respuesta al clamor ciudadano del Palau Sant Jordi.

En una rueda de prensa marcada por la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial, el teniente de alcalde se permitió una innecesaria boutade y parafraseó el inicio del discurso con el que el president Macià proclamó la República Catalana, el 14 de abril de 1931, y dijo que el Ayuntamiento sí había hecho caso de ese clamor “interpretant el sentiment i els anhels…” Frivolidades al margen, la alcaldía ha impulsado conjuntamente con trece entidades altruistas un proyecto para suplir las carencias estatales: el programa Nausicaa, un nombre mitológico cuya elección no es casual.

Esta iniciativa ha merecido los elogios de Atenas, una de las capitales más afectadas por el drama de los refugiados, que ha pedido a Europa que copie el ejemplo de Barcelona. Nausicaa, como el personaje de La Odisea, pretende rescatar a los náufragos que hayan quedado excluidos del programa estatal de ayuda o que no hayan alcanzado aún la suficiente autonomía personal. O a las víctimas de torturas que vean rechazada su solicitud. O a quienes se vean en peligro por su opción sexual, como el colectivo LGTBI, que ha crecido especialmente entre los ciudadanos rusos por la homofobia rampante en su país. O a quienes hayan agotado los 18 meses (24, en casos extraordinarios) de ayuda estatal y aún necesiten un empujón. Estas personas dispondrán de un periodo extra de entre seis meses y un año de ayuda en Barcelona, durante el que tendrán garantizado el alojamiento, la manutención, el transporte, los gastos de farmacia y otras necesidades básicas. El programa Nausicaa ya cuenta con 47 plazas (ocho de ellas para personas homosexuales o transexuales, que requieren una atención especial). El Ayuntamiento confía en que antes de que acabe el 2017 las camas sean 100. El programa Nausicaa, afirma el Saier, pretende ser un trampolín, un puente entre el programa estatal y los servicios sociales. “No entra –aseguran Jaume Asens y Ramon Sanahuja– en colisión, sino que complementa el plan de ayuda que también ha puesto en marcha la Generalitat”. Esta iniciativa necesitaba 500 voluntarios para hacer de mentores con los refugiados. Ayer ya se habían apuntado 1.500, en una nueva muestra de que la sociedad civil quiere acoger. El lema de la marcha del sábado será “Basta de excusas”.