El grupo popular en Les Corts pidió ayer la comparecencia urgente de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, para que dé explicaciones tras la respuesta del Gobierno en la que se señala que de las 1.411 plazas que se ofrecieron en la Comunitat para acoger a refugiados 1.139 se consideran «no adecuadas».

Para la portavoz adjunta de los populares, María José Català, la respuesta «deja en evidencia el postureo de Oltra», a la que acusó de utilizar a los refugiados para «sacar rédito político». Por ello, Catalá pretende que la vicepresidenta comparezca en Les Corts para que dé explicaciones sobre las plazas ofrecidas para este colectivo al entender que «deja mucho que desear en la gestión».

Según recalcó la portavoz del PP, la respuesta del Gobierno llega tras una pregunta formulada por el senador de Compromís Carles Mulet. La Comunitat informó de su capacidad para dar acogida a 1.411 personas y ONG especializadas han valorado la adecuación de estos recursos para solicitantes de asilo. En virtud del estudio, continúa el Gobierno central, 230 plazas están actualmente en trámite de confirmación de disponibilidad y concreción jurídica para su uso. Sin embargo, la inmensa mayoría, 1.139, han sido consideradas «no adecuadas».

Y estos son los argumentos: «algunas están en pisos (o habitaciones en viviendas habitadas) y de disponibilidad solo temporal, lo que hace muy difícil que se ajusten a las necesidades de los refugiados (supondrían una capacidad no utilizable para 647 personas)».

Además, «otras están en albergues ofrecidos sólo en temporada baja, que por su escasa disponibilidad temporal no garantizan la necesaria estabilidad para estas personas». Así ocurre con un centro del Ayuntamiento de Valencia cuya puesta a disposición finalizaba en diciembre de 2015.

Lejos de los colegios

Otras plazas «se encuentran alejadas de cualquier infraestructura mínima necesaria (colegios, centros de salud)» y otras «presentan un estado de mantenimiento no apto para su utilización como alojamiento de personas». Es el caso de una residencia de ancianos del Ayuntamiento de Valencia «valorada como edificio en malas condiciones por haber sufrido actos de vandalismo en los que se han destruido puertas, marcos, cableado, sanitarios o tuberías», mientras que 42 plazas.

La conclusión de Catalá es contundente: «Nuestra vicepresidenta ofrece a los refugiados un lugar que no tiene puertas, ventanas o cableado», recalcó la portavoz popular. «Es indecente esta política».