La guerra entre Donald Trump y los tribunales por su veto a la entrada en Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana suma una nueva batalla. Este martes, en un Tribunal de Apelaciones de San Francisco, tres magistrados (nombrados por Jimmy Carter, George W. Bush y Barack Obama) escuchan en una vista oral los argumentos a favor y en contra de la suspensión temporal de ese veto que el viernes dictaminó otro juez en Seattle. Y aunque la Casa Blanca se ha esforzado horas antes en plantear el duelo como una mera cuestión de proceso que no altera una orden ejecutiva que ellos definen como absolutamente legal, los analistas y expertos discrepan y aseguran que el caso es, precisamente, sobre si el decreto es o no constitucional.

En juego está no solo el futuro concreto del veto, sino una consideración del poder de un presidente para marcar él solo quién puede entrar en EEUU. Y la batalla ha servido para poner de manifiesto de nuevo las dificultades de Trump para respetar la separación de poderes.

Su portavoz, Sean Spicer, ha asegurado este martes en rueda de prensa que está claro que el presidente respeta el poder judicial, pero una serie de tuits de Trump en los últimos días ponen en cuestión esa afirmación. El viernes, por ejemplo, el mandatario calificó de ridículay terrible la decisión del juez de Seattle, James Robart, asegurando que por ella mucha gente muy mala y peligrosa puede estar entrando en el país. Y el sábado fue aún más allá. No me puedo creer que un juez ponga a nuestro país en tal peligro, escribió en la red social. Si algo pasa cúlpenle a él y al sistema judicial.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!

Este martes Trump ha moderado algo su discurso en unas declaraciones a la prensa durante una reunión con sheriffs y se ha mostrado dispuesto a esperar los resultados de la vista en San Francisco. Ha insistido, eso sí, en defender que el veto es cuestión de sentido común. Si lo recuerdan, el Estado Islámico dijo vamos a infiltrar EEUU y otros países a través de la inmigración. ¿Y no se nos permite ser duros con la gente que entra? Explíquenme eso, ha declarado.

A la vista se llega con dos visiones enfrentadas. Por un lado está la de los fiscales generales de los estados de Washington y Minnesota que lograron la suspensión, que consideran el veto ilegal, malo para la seguridad nacional y una amenaza para la economía, opiniones que han apoyado con escritos firmados por destacadas personalidades tanto empresariales como de la seguridad nacional (entre otros los exsecretarios de Estado John Kerry y Madeleine Albright, el exdirector de la CIA Leon Panetta y el exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional Michael Hayden).

En el otro lado de la batalla está una Administración que defiende la legalidad del veto y niega la acusación de los estados de que este pueda producir un daño irreparable. Según documentación presentada antes de la vista, los abogados del Gobierno piden que se restaure al menos en parte, aunque plantean que podría eximirse a ciudadanos de Siria, Irak, Irán, Libia, Yemen, Somalia y Sudán que tuvieran sus visados en regla pero hubieran salido de EEUU o a quienes estén ya en el país y piensen salir en el futuro.

Aunque los tres jueces de San Francisco no tienen un plazo marcado para tomar una decisión, se espera que esta se produzca pronto, si no inmediatamente, tras la vista donde cada una de las partes tiene 30 minutos para presentar sus argumentos. Y si el Gobierno sale derrotado queda otra opción, a la que Trump también ha apuntado. El caso podría llegar al Tribunal Supremo. Ojalá no lo haga, ha dicho también Trump. Hasta que se confirme a su nominado, el conservador Neil Gorsuch, el Alto Tribunal está compuesto por ocho jueces que se han estado dividiendo en muchos casos al 50% según líneas ideológicas.