La que llamamos “crisis humanitaria de los refugiados” discurre soterrada, aflorando puntualmente, como el Guadiana. El cadáver del niño Samuel en Barbate nos remite a Aylan; la muerte de un veinteañero en la tienda de campaña donde combatía con fuego el frío de la nieve en Lesbos nos estampa en la cara que los 60.000 atrapados en Grecia siguen en condiciones inhumanas. Como tantos en las fronteras europeas de Macedonia, Serbia, Hungría y en los países limítrofes a Irak y Siria.

El Gobierno de España se comprometió, en septiembre de 2015, ante la Unión Europea a acoger, del total de 160.000 en todo el continente, a 17.680. Unos 16.231 serían reubicados procedentes de países europeos como Grecia e Italia y 1.449 reasentados, de extracomunicarios como Turquía, Jordania, Líbano.

De esa cifra ridícula 2 por pueblo de España, ya que hay 8.124 municipios, sólo han llegado 1.034. Y a cuentagotas. Dificultando el seguimiento del incumplimiento.

La semana pasada los Defensores del Pueblo de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco, Aragón, Valencia, Castilla y León, y Navarra " denunciaron la gestión de la llegada de los refugiados".

Nadie entiende la cerrazón del Gobierno. Las ONGs las cuatro interlocutoras oficiales en la materia: Cruz Roja, CEAR, Accem y Cepaim, más las restantes declaran que hay infraestructuras y medios para acogerlos. Pero la situación cae en el esperpento cuando las propias administraciones, local, regional, ¡y hasta estatal! reconocen que es cierto.

En el caso de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, argumentan que la competencia es del Gobierno central y que es éste quien está bloqueando la acogida. Lo cual es verdad. Pero incluso el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, declaró que el cupo de 17.680 es “pequeño, tienen que venir más” en la entrega de los Premios CREA+ de Cruz Roja en Sevilla, el 15 de noviembre. Antes de añadir que “son los refugiados quienes no quieren venir”. Lo que los aludidos desmienten continuamente.

Frente a la ceremonia de la confusión, una cosa está clara: el cumplimiento del cupo no es prioridad ni para el Gobierno del PP, ni para los partidos de la oposición. Si lo fuera para el PSOE, lo habría exigido a cambio de la investidura de Rajoy que le costó la secretaría general a Pedro Sánchez. Puestos a rendirse, cuánto más honroso habría sido hacerlo a cambio de salvar a esa lista de Schindler de 17.680 personas, que aquella rendición incondicional.

Luego, desde la investidura en octubre de 2016, en tres meses, PP y PSOE han sellado siete pactos:

La subida del salario mínimo interprofesional un 8%.
El techo de gasto presupuestario.
La renovación del Tribunal Constitucional.
El plan de garantía juvenil.
La devolución de las cláusulas suelo.
El bono social.
La celebración de la conferencia de presidentes autonómicos.
¿Para cuándo pactar que se cumpla el cupo de acogida? O bien PP y PSOE, o éste y los grupos de la oposición. En noviembre el Congreso aprobó una vaga “iniciativa para mejorar la respuesta en la crisis de los refugiados”. Mientras en otros temas se aprovecha la coyuntura de Gobierno sin mayoría absoluta del PP para sacar medidas adelante:

El 25 de enero, todos los grupos del Congreso, salvo el PP y Foro Asturias PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Compromís, PDECat, ERC, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu, registraron juntos una proposición de ley para eliminar el ‘impuesto al sol’ e impulsar el autoconsumo eléctrico.
PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos ya están trabajando en un proyecto de ley contra la LGTBfobia que garantice la igualdad de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales.
Y este jueves 9, a iniciativa de Unidos Podemos-En Comú la Comisión de Justicia del Congreso debatirá, votará y, cabe suponer que con el PSOE y otros, aprobará recuperar la Justicia Universal, la capacidad de los jueces para investigar y juzgar hechos ocurridos en otros países, derogada por el PP en 2014.
La acogida de refugiados debería ser cuestión transideológica, de consenso en el respeto a lo derechos humanos. El Gobierno de Alemania, presidido por la conservadora, socia y amiga de Rajoy, Angela Merkel, ha acogido a un millón de personas. El compromiso del Estado español tiene un plazo, septiembre de 2017. ¿Se va a esperar al último día o se va a incumplir lo firmado? ¿Qué seriedad se traslada faltando a la palabra? ¿Qué coherencia cuando en el asunto catalán la ley es sacrosanta y en el de asilo y refugio violan el artículo 14 de la Convención de Ginebra y sus propios pactos comunitarios?

Veamos qué atención se dedica en los inminentes congresos nacionales del PP, Podemos y PSOE a la acogida de refugiados. En el de Ciudadanos, el tema ha sido absolutamente ignorado.