“El Gobierno de España estima que la inmigración irregular es un gran problema humanitario, pero quiere que se sepa que el que entre de manera irregular será repatriado, con todas las garantías humanitarias, pero de forma urgente y rápida”. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentó con este mensaje la batería de actuaciones que quiere llevar a cabo el Ejecutivo para luchar contra la llegada masiva de inmigrantes sin papeles.

Fernández de la Vega abundó en que se van a activar todos los protocolos de ayuda que establezca la Unión Europea e informó de que el ministro de Asuntos Exteriores “ya se ha puesto en contacto con la presidencia austriaca, que ostenta la presidencia de la UE, para que en la próxima reunión haya un punto en el que se debata sobre África y sus puntos migratorios”.

También avanzó que otro de paquete de medidas se concentra en Mauritania, “país con el que hemos llegado a acuerdos concretos para la repatriación inmediata de, por supuesto, los ciudadanos de ese país, pero también acogerán a los senegaleses o los naturales de Mali, así como de terceros países con los que se mantengan protocolos de deportación”.

La vicepresidenta insistió varias veces en su comparecencia en que “todas las repatriaciones se realizarán con toda la legalidad y con todas las garantías de derechos civiles”. De esta manera, dijo, habrá un primer contingente “que ya ha aceptado Mauritania, de 170 personas que partirán en las próximas horas para aquel país”.

La vicepresidenta también señaló que “habrá cauces de ayudas y colaboración con Mauritania en todo lo relacionado con la acogida” y añadió que se reforzará el control de fronteras con patrulleras mixtas, con equipamientos que se pondrán a disposición de aquel país y de esta forma se le entregarán cuatro patrulleras para vigilar las aguas de aquel país, dos autobuses para el transporte de los inmigrantes que tengan que llevar a otras zonas y 14 vehículos todoterrenos para patrullar las fronteras.

En cuanto a las medidas a adoptar en Canarias, la vicepresidenta dijo que ha tenido la oportunidad de entrevistarme con las ONG. A todos se les agradece el trabajo y se ha decidido aumentar las subvenciones”.

Tampoco se olvidó de la dotación personal y anunció más funcionarios policiales para la identificación, “lo que permitirá agilizar los trámites para la expulsión”. Concretó que vendrán 19 agentes más y dos patrulleras, una para Gran Canaria y otra para Tenerife, “lo que aumentará nuestra presencia a pie de playa en todos los sentidos”.

Por su lado, el PP atribuyó la masiva llegada de inmigrantes a Canarias a la “pésima” política del Gobierno en esta materia y a la ley de Extranjería. La secretaria de Política Social del partido opositor, Ana Pastor, consideró que, por ejemplo, la regularización “masiva” de extranjeros desarrollada el año pasado alentó a las mafias que trafican con personas. Un hecho, agregó, que demuestra que “la demagogia” no resuelve los problemas y más bien los agudiza. La dirigente popular sostuvo que otro error de la política gubernamental es no buscar nuevos convenios internacionales de repatriación, como el que existe con Mauritania.