G. L. A.

MADRID. Las avalanchas de inmigrantes ilegales que se producen sobre las costas de España son «un problema europeo», con una triple vertiente: diplomática, humanitaria y de orden público. En esta declaración de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se resume el análisis realizado ayer por el Consejo de Ministros ante la situación creada por la última oleada de inmigrantes procedentes de Mauritania, con la información de primera mano aportada por los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Seguridad, que el jueves realizaron un viaje de urgencia al país africano.

De la Vega explicó las líneas de actuación acordadas con Mauritania, cuyo Gobierno – según dijo – «está dispuesto» a cumplir el acuerdo de repatriación firmado con España en 2003, en aplicación del que se devolverán a ese país a los inmigrantes irregulares que han llegado en los últimos días a nuestras costas en pateras.

El Gobierno español se ha comprometido a incrementar las ayudas para la primera atención, acogida y estancia temporal de estos inmigrantes y contribuirá, a través de Cruz Roja, a la construcción y gestión de esos centros, con una aportación económica prevista de un millón de euros. Al mismo tiempo, se propone reclamar la colaboración de la Organización Internacional de Migraciones y de Acnur para que colaboren en esas tareas y velen por que las repatriaciones se realicen con respeto a los derechos humanos, ya que muchos de esos ilegales ni siquiera son de nacionalidad mauritana sino que provienen de otros países subsaharianos.

También se ha acordado con las autoridades mauritanas reforzar el control de las fronteras mediante patrullas mixtas y contribución española a la mejora de los medios de que dispone el país africano. Así, De la Vega confirmó la donación de cuatro patrulleras y de quince vehículos de tracción mecánica, y el envío de expertos policiales en la lucha contra la inmigración ilegal para ayudar a la formación de las Fuerzas de Seguridad de Mauritania. Asimismo se ha acordado la creación de un comité bilateral sobre flujos migratorios para el seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas, que comenzarán a ponerse en marcha el próximo miércoles en una reunión técnica en la que se concretarán los acuerdos genéricos ya alcanzados.

La vicepresidenta primera realizará hoy una visita a Canarias para conocer sobre el terreno la situación creada en el archipiélago por la última oleada de «ilegales». María Teresa Fernández de la Vega se reunirá con el presidente autonómico, Adán Martín y con responsables de varias ONG, y visitará varios centros de internamiento y acogida.