El Gobierno anunció ayer, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, la disposición de Mauritania a reforzar el control de sus fronteras aceptando la puesta en marcha de patrullas conjuntas con España. En paralelo, se proporcionará a las autoridades del país africano ayuda para construir y gestionar, en su propio territorio, centros de acogida de inmigrantes que cumplan con las condiciones de respeto a los Derechos Humanos.

La vicepresidenta viajó anoche a Canarias para abordar con las autoridades autonómicas la situación en las islas, donde también se pondrán en marcha medidas de urgencia para acoger a los inmigrantes en cuarteles convenientemente habilitados y puestos a disposición por el Ministerio de Defensa.

Cooperación urgente

De la Vega explicó ayer detalladamente el informe presentado al Consejo de Ministros después de que la delegación española encabezada por los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores e Interior, Bernardino León e Ignacio Camacho, viajaran el jueves a Mauritania para trazar con el Gobierno de aquel país un plan coordinado capaz de frenar la avalancha de inmigrantes.

El próximo miércoles se trasladará a Nuakchot una nueva delegación de técnicos, que se encargará de concretar todos los aspectos prácticos del plan de cooperación urgente.

Los acuerdos con Mauritania incluyen la donación al país africano de cuatro patrulleras, inicialmente dotadas con personal español, y varios vehículos de tracción mecánica para el control de fronteras, así como cursillos de formación para las fuerzas de seguridad locales.

Las patrullas conjuntas, tal y como explicó, se pondrán en marcha dentro de la estrategia nacional de lucha contra la inmigración ilegal, y quedan, por tanto, enmarcadas en los proyectos europeos Seahorse y Atlantis.

El plan contempla también una serie de visitas de altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como expertos capaces de evaluar el cumplimiento de los compromisos.

Además, la vicepresidenta, que recordó que buena parte de las medidas a adoptar en estos casos son «más competencia de la Unión Europea que de España», explicó que el Gobierno se compromete a trasladar a las instancias comunitarias la necesidad de proceder a una ayuda de emergencia al país africano, habida cuenta de que la mayor parte de los inmigrantes que salen de sus costas son originarios de otros países del Africa subsahariana, esencialmente Malí y Senegal.

De la Vega considera que la Comisión Europea ya dispone de información completa, dado que la delegación española que se trasladó el jueves a Nuakchot estuvo acompañada por un director general enviado expresamente desde Bruselas.