J. M. PARDELLAS
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Santa Cruz de Tenerife

EL PAÍS
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España – 18 – 03 – 2006

El portavoz del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra, advirtió ayer al Ejecutivo central del rechazo de la comunidad a convertirse en “un campamento de inmigrantes irregulares” a gran escala con la conversión de varios cuarteles en centros de acogida que el jueves le ofreció el Gobierno. También exigió el traslado inmediato de todos los africanos que superen el cupo de 1.476 plazas de capacidad de los tres centros de internamiento de extranjeros en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y de 250 plazas más para menores extranjeros no acompañados.

Miguel Becerra hizo estas declaraciones tras la reunión del gabinete de crisis convocado por el presidente canario, Adán Martín (Coalición Canaria), la víspera de una visita relámpago a Tenerife prevista para hoy por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y un día después de que dos altos cargos canarios formaran parte de la expedición española que se trasladó a negociar con las autoridades de Mauritania para tratar de frenar el tráfico ilegal de personas hacia el archipiélago

Ese gabinete de crisis tomó ayer seis acuerdos concretos que exigen al Estado el cumplimiento del acuerdo de readmisión de inmigrantes suscrito entre España y Mauritania en el año 2003, por el que esa república se comprometió a aceptar la devolución de todo inmigrante que parta irregularmente desde sus costas. Otra demanda inmediata del Ejecutivo canario apunta a la organización de patrullas conjuntas de ambos países similares a las desplegadas en Marruecos, con especial dedicación al enclave de Nuadibú.

El Gobierno del archipiélago rechaza “tajantemente” la habilitación de viejos cuarteles del Ministerio de Defensa como centros de internamiento de extranjeros y, en cambio, urge a que las derivaciones en avión a capitales peninsulares se produzcan con “la frecuencia suficiente” para que los centros existentes no se colapsen (1.070 plazas en Fuerteventura, 168 en Gran Canaria y 238 en Tenerife). Respecto a esta última medida, el Ejecutivo de Adán Martín exige conocer las cifras exactas de extranjeros que abandonan las islas con la misma exactitud con la que se le comunica el número de inmigrantes que llegan cada día. La cuarta exigencia consiste en mejorar la coordinación de los medios del Estado con los que aporta Canarias.

La quinta reclamación es la de derivar a la Península a los menores inmigrantes no acompañados que superen el cupo de 250 plazas asignadas para las siete islas. Actualmente hay más de 310 niños y jóvenes, una situación que el gabinete nacionalista calificó de “emergencia social”. El último punto acordado pide a la Comisión Europea que apruebe un plan especial de control de las aguas canarias.