pamplona – Desde octubre de 2015 Navarra ha recibido a 106 personas refugiadas procedentes de países en conflicto, de las cuales 37 son menores. Así lo indicó ayer el Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento al presentar un informe especial que sobre la realidad de este tema ha elaborado esta institución. Un trabajo que constata que la atención prestada a estos ciudadanos por el Gobierno foral y Cruz Roja es “adecuada”, garantizándose sus derechos básicos en los primeros 18 ó 24 meses, pero “se están recibiendo pocos refugiados en comparación con la capacidad de acogida que se dispone”. Por ello, recomendó al departamento de Derechos Sociales que persista en el ofrecimiento al Gobierno del Estado para “la acogida de un mayor número de personas refugiadas”.

Enériz recordó que en septiembre de 2015 el Gobierno foral elaboró un plan de acogida, en el que se preveía que Navarra podría recibir entre 200 y 300 personas, tomando como referencia el cupo de 170.000 fijado por la Unión Europea (UE). El Defensor valoró “positivamente” esta capacidad de acogida, pero “realmente no se utiliza”, ya que “la llegada de personas se ralentiza por problemas generados fuera del ámbito de competencia del Gobierno de Navarra” y, además, refiere que se produce de forma “poco planificada”, de modo que el Ejecutivo foral “conoce de un día para otro quiénes llegan y la Administración del Estado se dirige como interlocutor único a la Cruz Roja”. Por ello, Enériz instó a mejorar la coordinación entre instituciones, a agilizar la normativa de asilo y a elaborar tanto un programa de medidas de apoyo necesarias en el ámbito de los servicios sociales, la educación, el empleo y la vivienda, para evitar cualquier riesgo de exclusión social de las personas que llegan, así como de un plan específico de integración eficaz para aquellas que deseen quedarse. Sostuvo que “aquí cada uno tiene que cumplir con su deber” y, respecto a la UE, dijo que “se tiene que poner las pilas, porque son personas en una situación indigna”.

Tras recordar que “la sociedad española, en los primeros momentos de la crisis, mandó un mensaje muy claro de que quería una acogida solidaria”, al igual que las administraciones autonómicas y municipales, afirmó que el programa de la UE de acogida y reasentamiento “va lentísimo. Se tiene que materializar antes de finales de 2017, pero a este ritmo no se llega a 170.000 ni por el forro”. Por ello, recomendó dar “agilidad” a este proceso y “estudiar si cabe más acogida”.

Tras conocer la labor que realiza el departamento de Derechos Sociales, Cruz Roja e, incluso, visitar una casa de acogida gestionada por esta organización, el Defensor concluyó que “en general” estas personas “ven garantizados sus derechos básicos” en los primeros 18 a 24 meses; consideró “adecuada” la atención prestada; apreció “problemas de descoordinación entre la administración del Estado y la de la Comunidad Foral, que dificultan la gestión más eficaz de esta última en su ámbito competencial”; y los solicitantes de asilo manifestaron que “el trato recibido es bueno, en lo que se refiere a servicios sociales, educativos y sanitarios, como de Cruz Roja”, si bien los principales problemas que sufren son el acceso a una vivienda (alquiler) y a un empleo.

Todos los grupos valoraron el trabajo del Defensor. El regionalista Javier Esparza afirmó que “el conjunto de la sociedad navarra, más allá de la ideología de cada cual, está de la mano en este tema tremendamente sensible, y se constata la realidad de que se sigue sin solucionar”. Desde Geroa Bai, Unai Hualde destacó que las cifras de reasentamiento son “raquíticas”, expresó su preocupación por la “tremenda descoordinación del Estado con las comunidades” y defendió que “la voluntad política ha sido inequívoca en Navarra”. Asun Fernandez de Garaialde, de EH Bildu, denunció “las políticas de inmigración de la UE, con leyes injustas e inhumanas, que vulneran sistemáticamente los derechos humanos y el derecho al asilo”. Laura Pérez, de Podemos, criticó a los gobiernos europeos e indicó que “es muy positivo que Navarra trate bien a estas personas, pero nos queda una sensación agridulce y de impotencia ante la magnitud del drama que viven”. Tras criticar que “los estamos dejando morir a las puertas de Europa”, la socialista Ainhoa Unzu planteó que “como sociedad tenemos un problema de estigma”. Ana Beltrán (PP) afirmó que “la decisión de traer a personas refugiadas a España quien lo controla y decide es la UE”. Finalmente, José Miguel Nuin (I – E) lamentó “la actitud insuficiente y rechazable por parte de la UE y del Estado” y concluyó que en Navarra “se está trabajando razonablemente bien”.

apuntes

“Buen trato”. El informe del Defensor del Pueblo señala que las personas refugiadas “en general han recibido un buen trato en Navarra, tanto en los servicios de la Cruz Roja, como en el ámbito sanitario y educativo con sus hijos”. En este sentido, recoge que una persona de Camerún afirmó que el trato había sido “mucho mejor que el que recibió en la Comunidad de Madrid. A los pocos días de llegar ya estaba empadronada, disponía de tarjeta sanitaria y estaba haciendo cursos de formación para poder encontrar un empleo”.

Más coordinación. El Defensor pidió al Gobierno foral que inste al Estado “a una mejora de la coordinación”: “El Gobierno de Navarra se entera de la llegada de refugiados prácticamente cuando ya están aquí o cuando les avisa el Ministerio de que van a llegar. Hasta hace poco el interlocutor del Ministerio era Cruz Roja y no las comunidades. No estoy cargando las tintas contra el Ministerio, sino que estoy poniendo de manifiesto los problemas que ha habido”.

Procedencia. En noviembre de 2016 había 73 personas acogidas en Navarra. Por origen, el 31,5% era de Siria; el 14%, de Ucrania, y otro 14%, de Venezuela, si bien había también de Jordania, Honduras, Sri Lanka, Irak, Armenia y Palestina.

plazas en navarra

110

El pasado 7 de noviembre el Gobierno firmó un convenio con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), por el cual se reforzó la capacidad de acoger a más personas, pasando de las 60 plazas gestionadas por Cruz Roja a un total de 110 disponibles.