LA primera ministra británica, Theresa May, quiere el mejor de los mundos para su país: un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que permita mantener los actuales intercambios de bienes, servicios y capitales sin ninguna restricción, al tiempo que se desliga institucionalmente por completo del club comunitario y recupera la plena soberanía sobre sus fronteras, sus leyes y sus instituciones. Un Brexit, en suma, claro y duro, que permita al Reino Unido su completa libertad de acción en el mundo como país totalmente independiente de sus actuales compromisos económicos, jurídicos y políticos con Bruselas. Y, desde esa independencia, mantener un estatus de país amigo y aliado de la UE en términos de seguridad y defensa.

El tratado de libre comercio que propone May, a partir del Brexit, sería también la mejor alternativa para la economía del conjunto de la UE, ya que facilitaría que los actuales flujos comerciales y financieros entre las empresas de ambos bloques no se vieran afectados por el cambio institucional. Lo envenenado del planteamiento es que la UE no puede permitir políticamente que Gran Bretaña se vaya de rositas, sin costes de ningún tipo, ya que ello podría abrir nuevas grietas en el edificio europeo.

En su primera exposición sobre su hoja de ruta del Brexit, la conservadora May fue contundente en que, una vez fuera de la UE, Gran Bretaña impondrá un control estricto de sus fronteras para cerrar las puertas a la inmigración europea, que según ella pone en peligro la justicia y el Estado de bienestar británico porque contribuye a bajar los salarios y a aumentar los costes de la sanidad, la educación y la vivienda.

Esa dura política que se pretende de cierre de fronteras a la inmigración abre un grave precedente en Europa, por el ejemplo que puede suponer para otros países, pero fundamentalmente choca con los principios fundacionales de la UE, en los que la libre circulación de bienes, servicios y capitales va indisolublemente unida a la libre circulación de personas. Ese será el principal obstáculo para la negociación del tratado de libre comercio que quiere May.

Otro obstáculo es que Gran Bretaña no puede plantear mantener el libre acceso a un mercado de quinientos millones de habitantes, tal como tiene ahora al estar dentro de la UE, sin ningún tipo de contrapartida. May dijo que una de las ventajas del Brexit sería que Gran Bretaña dejaría de contribuir al presupuesto comunitario. Eso puede suponer un déficit de 10.000 millones de euros anuales en las cuentas de Bruselas que, de una manera u otra, habría que exigir a los británicos si quieren seguir beneficiándose de las ventajas del mercado único europeo.

May ha planteado su diseño ideal para un Brexit claro y duro, que en última instancia deberá aprobar el Parlamento británico. A partir del inicio de las negociaciones de ruptura, que se iniciarán en marzo y pueden durar hasta más de dos años, deberá hacer frente a las contrapartidas que planteará la UE. La primera ministra británica ha pedido que, en ese proceso, no se penalice a su país por respetar el deseo mayoritario de sus ciudadanos, expresado en las urnas, de querer recuperar su plena soberanía. Pero, por si acaso, amenaza con convertir Gran Bretaña en un paraíso fiscal, con impuestos más bajos, para hacer competencia desleal a la UE, si no se aceptan sus condiciones. Es evidente que las negociaciones serán duras y que el Brexit hará daño en ambas partes. De lo que se trata es de intentar lograr que sea el mínimo posible y que, pese a todo, se pueda mantener un estatus de buenas relaciones cuando se haya consumado, como también expresó May.