Las cifras no logran reflejar la profundidad y magnitud del drama que sufren sesenta millones de personas desplazadas de sus hogares en todo el mundo, pero sí hablan con rotundidad de la escasa urgencia por cumplir con la legislación internacional sobre el derecho de asilo, con la Convención de Ginebra y sus protocolos sobre el Estatuto de Refugiado y con los acuerdos establecidos en las propias instituciones de la UE desde que en diciembre de 2014, hace ya más de dos años, el Parlamento Europeo exigiera el establecimiento de procedimientos fiables y eficaces, basados en el principio de no devolución y de distribución, para tratar la crisis humanitaria de los refugiados. Porque son cifras indignas de una comunidad, la europea, que se pretende a sí misma pionera en la aplicación del derecho humanitario y los principios éticos tras siglos de padecer las consecuencias de su ignorancia. Hoy, 16 meses después de que la UE se comprometiera a reubicar antes de final del año en curso a un total de 160.000 solicitantes de asilo desde Grecia e Italia y reasentar a 22.504 refugiados con el estatus reconocido por la ONU, únicamente se ha reubicado a 8.162 desde Grecia e Italia y solo se ha reasentado a 13.800 de los refugiados reconocidos como tales en terceros países. El 12% del compromiso. De ese contingente, el Estado español se comprometió a admitir a 17.337 por ambas vías y hoy lo ha hecho con 979 solicitantes. El 5,6% de aquello a lo que se comprometió. Una parte infinitesimal de los más de catorce millones de refugiados que ha causado únicamente el conflicto bélico en Irak y Siria. Así que, siendo el de la crisis de los refugiados un problema de la Unión Europea institucional por su incapacidad para imponerse en el cumplimiento de los acuerdos logrados en su seno y por la formalización del pacto sonrojante para que Turquía controle los flujos migratorios desde sus fronteras, no son pese a todo la Comisión Europea o las sociedades que componen la Unión, también hasta cierto punto reacias pero impelidas a la acogida por su pasado reciente y su cultura ética, las auténticos culpables de una situación insostenible y de impredecibles consecuencias a medio plazo. Sí lo son, en cambio, los Estados miembros y sus gobiernos, incapaces de desarrollar los mecanismos y medidas que la mayoría de los ciudadanos, la Comisión Europea y, sobre todo, la urgencia de la situación demandan.