El flujo de refugiados a Alemania ha menguado drásticamente hasta acercarse a la cuota anual de 200.000 que reclama a Angela Merkel el primer ministro bávaro, Horst Seehofer, lo que hace prever que el debate sobre migración amainará en este año electoral para centrarse en aspectos relacionados con la seguridad.

Según el ministro de Interior, Thomas de Maizière, en 2016 hubo 280.000 llegadas frente a las 890.000 de 2015, año de la mayor crisis migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. «Hemos conseguido ordenar la migración, gestionarla y reducirla», dijo el ministro, que destacó el efecto clave que ha tenido el cierre de la llamada ruta de los Balcanes y el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.

De Maizière destacó el esfuerzo hecho por las administraciones para acabar con el cuello botella creado por llegada masiva de migrantes y aseguró que además de reducirse los tiempos para la presentación y procesamiento de solicitudes de asilo, se ha creado un banco central de datos con la foto y huellas de todos los recién llegados. Eso evitará casos como el del autor del atentado al mercadillo navideño en Berlín el pasado diciembre. Aprovechando las zonas grises de un sistema federal muy descentralizado, el tunecino Anis Amri se movía en Alemania con 14 identidades distintas.

Pero para el ministro, las medidas adoptadas por Alemania para hacer frente a la crisis han de ir enmarcadas en un sistema europeo de asilo que urgió a definir este mismo año. «El sistema de asilo en la Unión Europea ha de ser uniforme en cuanto a criterios y prestaciones porque eso facilitará un reparto de la carga sin necesidad de cuotas», subrayó De Maizière, para quien basta comparar las estadísticas europeas sobre refugiados y prestaciones para comprender que hay algo que no funciona.

«No se entiende que en el seno de la UE la evaluación de la situación política en Eritrea o en Afganistán pueda ser tan distinta y tampoco se entiende que haya tantas diferencias en cuanto a las ayudas», agregó.

En Alemania, de los 625.000 expedientes resueltos en 2016, un 62% fue favorable y los peticionarios recibieron algún tipo protección. Simultáneamente, 55.000 personas regresaron a sus países de origen de forma voluntaria y 25.000 fueron expulsadas, cifra que el ministro quiere incrementar a toda costa. Amenaza incluso con recortar la ayuda al desarrollo o imponer visados a los países de origen si obstaculizan las deportaciones.