La situación de emergencia que vive Canarias tras haber sufrido la mayor avalancha de inmigrantes de su historia obligó ayer al Gobierno a adoptar medidas urgentes, como ofrecer a Mauritania, de donde parten las embarcaciones, cuatro de sus patrulleras de vigilancia para que las autoridades del país africano puedan controlar sus costas. Los centros de acogida de las islas están desbordados, pero el Ejecutivo no se plantea, por el momento, trasladar a la Península a los sin papeles .

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La vicepresidenta primera del Gobierno convocó a primera hora de ayer una reunión de urgencia en el palacio de la Moncloa con los ministros de Asuntos Exteriores; Interior; Trabajo y Asuntos Sociales, y Defensa para afrontar la crisis del archipiélago. Ese gabinete extraordinario acordó poner a disposición de Mauritania cuatro patrulleras de la Guardia Civil «en perfecto estado» o, si así lo prefiere ese país, utilizarlas de forma conjunta.

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Los ministros decidieron afrontar el problema político, humano y de seguridad no sólo en las islas, sino también en el país del que parten las embarcaciones y que, según el Gobierno, no tiene capacidad para frenar las avalanchas. Los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y del Interior, Bernardino León y Antonio Camacho, un consejero del Gobierno canario y un alto funcionario de la Comisión Europea viajarán hoy a Nuakchot para ofrecer a las autoridades mauritanas la puesta en marcha, «cuanto antes» de un plan urgente de cooperación.

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Acuerdo de readmisión

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La iniciativa española también prevé reactivar el acuerdo bilateral de readmisión firmado en el 2003 y establecer en las costas africanas centros de acogida gestionados por organizaciones no gubernamentales que permitan garantizar que, de ser repatriados, los inmigrantes recibirán un trato «digno».

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Anteriores avalanchas sobre Canarias habían obligado al Gobierno a trasladar a la Península a numerosos extranjeros que las islas no tienen capacidad de acoger.

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En estos centros, los sin papeles pueden permanecer un máximo de 40 días, a la espera de ser devueltos a sus países de origen o enviados a la Península. Sin embargo, en esta ocasión fuentes gubernamentales aseguraron que el objetivo del Ejecutivo es repatriarlos, por lo que, «de momento», no contemplan la posibilidad de trasladarles a la Península.

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Además, el Ejecutivo reforzará la vigilancia costera, la seguridad interna de las islas y prestará «especial atención» en la identificación de los extranjeros para salvaguardar los derechos que asisten a quienes tienen la condición de refugiados.