La situación de emergencia que vive Canarias tras haber sufrido la mayor avalancha de inmigrantes de su historia obligó ayer al Gobierno a adoptar medidas urgentes, como ofrecer a Mauritania, de donde parten las embarcaciones, cuatro de sus patrulleras de vigilancia para que las autoridades del país africano puedan controlar sus costas. Los centros de acogida de las islas están desbordados, pero el Ejecutivo no se plantea, por el momento, trasladar a la Península a ‘sin papeles’.

La vicepresidenta primera del Gobierno convocó a primera hora de ayer una reunión de urgencia en La Moncloa con los ministros de Asuntos Exteriores, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Defensa para afrontar la crisis del archipiélago. El gabinete acordó poner a disposición de Mauritania cuatro patrulleras de la Guardia Civil o, si así lo prefiere el Gobierno de ese país, utilizarlas de forma conjunta.

Los ministros decidieron afrontar el problema político, humano y de seguridad no sólo en las islas, sino también en el país del que parten las embarcaciones y que, según el Gobierno, no tiene capacidad para frenar las avalanchas. Los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y del Interior, Bernardino León y Antonio Camacho, un consejero del Gobierno canario y un alto funcionario de la Comisión Europea viajarán hoy a Nuakchott para ofrecer a las autoridades mauritanas la puesta en marcha «cuanto antes» de un plan urgente de cooperación.

La iniciativa española también prevé reactivar el acuerdo bilateral de readmisión firmado en 2003 y establecer en las costas africanas centros de acogida gestionados por organizaciones no gubernamentales que permitan garantizar que, de ser repatriados, los inmigrantes recibirán un trato «digno».

Anteriores avalanchas sobre Canarias habían obligado al Gobierno a trasladar a la Península a extranjeros que las islas no tienen capacidad de acoger. En el archipiélago hay tres Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES), dos de los cuales superan ya el límite de su capacidad, según la Delegación del Gobierno: el de Las Palmas cuenta con 168 plazas y actualmente acoge a 177 inmigrante y el de Fuerteventura posee 1.070 plazas y alberga a 1.174.

Colapso

En estos centros los ‘sin papeles’ pueden permanecer un máximo de 40 días, a la espera de ser devueltos a sus países de origen o enviados a la Península. Sin embargo, en esta ocasión fuentes gubernamentales aseguraron que el objetivo del Ejecutivo es repatriarlos por lo que, «de momento», no contemplan la posibilidad de trasladarles a la Península.

El Gobierno de Canarias está desbordado. Por ello, el gabinete reunido en La Moncloa decidió ceder dependencias del Ministerio de Defensa para que las autoridades de las islas puedan acoger «en debidas condiciones» a los inmigrantes recién llegados y que ya no caben en los centros. Son cuarteles militares en desuso en Gran Canaria y Tenerife.

Además, el Ejecutivo reforzará la vigilancia costera, la seguridad interna de las islas. El próximo sábado, María Teresa Fernández de la Vega explicará este paquete de medidas a las autoridades canarias durante la visita que, según informaron fuentes gubernamentales, realizará al archipiélago para ofrecer la ayuda del Gobierno central.

Por otro lado, la Unión Europa brindó ayer su apoyo a España en la nueva crisis por la inmigración ilegal, al anunciar el envío de un alto responsable a Mauritania para buscar frenar dicha crisis.