LA tarde del pasado 30 de diciembre, al tiempo que mucha gente estábamos aplaudiendo la puesta en libertad bajo fianza de Begoña y Mikel en Grecia, en la frontera de Melilla era detenida por la Guardia Civil una joven marroquí. Su delito: intentar cruzar la frontera con una maleta en la que iba escondido un joven de 19 años natural de Gabon. La noticia explica el peligro que para la integridad física del joven migrante suponía ir encerrado en una maleta. De los peligros que le obligaron a dejar su país, de los que tuvo que sortear para llegar a Melilla y del horror de su situación al otro lado de la valla para estar dispuesto a encerrarse en una maleta, de eso, los medios no nos cuentan nada.

La joven marroquí será procesada por un presunto delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. ¿Cuántos jefes de estado y de gobierno europeos deberían ser procesados por este delito?

Nuestras autoridades, gobiernos, presidentes, comisiones y parlamentos europeos se desentienden de las consecuencias de sus saqueos económicos internacionales; de sus guerras/negocio; y de su destrozo medioambiental del mundo. Cuando las consecuencias de estas políticas llegan a sus puertas externalizan y alejan las fronteras; militarizan y cierran sus accesos; niegan la validez universal de los derechos humanos; y hacen tratos con dictaduras como Turquía, para que les hagan el trabajo sucio de expulsión de personas que demandan asilo.

Cuando unas personas realizan una acción de solidaridad directa, ante el genocidio que supone la existencia de más de 65 millones de personas desplazadas en el mundo – la inmensa mayoría en condiciones infrahumanas – solo se les ocurre decirnos , que “esa no es manera de actuar”.

Ayudar a cruzar fronteras a los perseguidos por el nazismo estaba bien, dicen ahora, pero hacerlo hoy, con personas condenadas a una vida sin futuro en los campos de refugiados o en peligro de perderla si son devueltos a sus países de origen, es tomarse la justicia por su mano. ¿Y tú que hiciste? Nos preguntarán mañana. Cada quien deberá responder a su conciencia.

La oficina del Ararteko en su escrito dirigido al Defensor del Pueblo de Grecia sobre este caso explica en su contexto el acto de desobediencia civil realizado por Bego y Mikel: “La llamada “crisis de los refugiados” ha generado… una inmensa ola de solidaridad entre la ciudadanía vasca hacia las personas obligadas a huir de la guerra, la persecución, la miseria y el terror. …. La población de nuestro país ha manifestado, reiterada y generosamente, su voluntad de acogida, ayuda y asistencia, expresando… su decepción profunda y su inquietud creciente ante la insuficiencia de la respuesta ofrecida por Europa… que ignora las obligaciones que imponen el Convenio y el Protocolo de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados…la desesperante lentitud de los procedimientos y su limitada eficacia práctica no hacen sino aumentar el drama…

El gesto de la señora Huarte y el señor Zuluaga, miembros de la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak,… pretendía denunciar una situación inaceptable y, más allá de su ajuste a la normativa reguladora de la documentación necesaria para viajar, no guarda relación alguna con el tráfico de personas. Por ello, y a la vista de los datos de los que dispone el Ararteko, la privación de libertad de estos cooperantes aparece como carente de una justificación sólida.”

Quienes nos dicen que hay otra manera de hacer las cosas, ¿por qué no las están haciendo ya? Si quienes están obligados por las leyes y tratados internacionales no cumplen con sus propias normas, las violan impunemente cuando les conviene y desoyen las voces de la ciudadanía más involucrada, actuar solidariamente mediante la desobediencia civil, hacer lo que no hacen quien debería hacerlo, abrir las fronteras y dar asilo a quienes huyen del riesgo de la muerte en sus países nunca será un delito a los ojos de las gentes de bien.

Gracias, pues, a esa anónima joven marroquí. Ella es también de las nuestras. Y habrá muchas más.* Miembros de la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak