El Gobierno español ha activado un plan urgente de cooperación con Mauritania para frenar la avalancha de inmigrantes ilegales que sale de sus costas con la intención de llegar a las islas Canarias.

Las primeras medidas que se activarán serán: la vigilancia de las costas del país africano por parte de patrulleras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el acondicionamiento de instalaciones del Ministerio de Defensa en las islas para acoger a los inmigrantes que ya saturan los centros del archipiélago.

Estas dos medidas responden a una primera fase del plan, más volcada en los aspectos humanitarios y que debería completarse con una segunda, de más largo alcance, centrada en el control de los flujos migratorios y la reactivación del Acuerdo Bilateral de Readmisión.

El obstáculo más importante a la hora de repatriar a los inmigrantes llegados desde el territorio mauritano vuelve a ser, una vez más, las enormes dificultades que plantea identificar la nacionalidad de quienes arriban sin papeles.

Según el acuerdo firmado entre España y Mauritania, este país readmite a los inmigrantes una vez que se trata de nacionales suyos o se conoce su país de origen y, por tanto, el territorio al que han de ser devueltos. El Gobierno español estudia medidas para ayudar a las autoridades mauritanas a cumplir con el trámite de repatriación de estas personas hacia los países terceros de los que proceden.

El objetivo es el de trazar con Mauritania, un país que hasta ahora no había planteado problemas graves de migración hacia España, un sistema coordinado y global como el que existe con Marruecos.

Los trazos esenciales del plan quedaron trazados ayer en la reunión de urgencia que mantuvo en La Moncloa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos; Interior, José Antonio Alonso; Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y con el secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo.

Hoy viajarán a Nuakchot para explicar estas medidas al Gobierno mauritano y evaluar la situación sobre el terreno, los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, e Interior, Ignacio Camacho. La delegación estará integrada además por el embajador especial para Asuntos de Inmigración, Jesús Atienza; un consejero del Gobierno de Canarias y un experto enviado por la Comisión Europea.

La diplomacia española considera que la situación de las últimas semanas en Mauritania es «paralela» a la que se produjo en Ceuta y Melilla, dos ciudades que se vieron literalmente asaltadas por inmigrantes sin papeles desesperados por penetrar en territorio español ante la inminencia de medidas de control estrictas por parte de Marruecos. Es en este sentido en el que, desde Exteriores, se interpreta el problema como «coyuntural».

No obstante, reconocen también que «la batalla de la inmigración subsahariana» no terminará hasta que no se ponga en marcha una estrategia de cooperación y coordinación con los países de la región que sume a la ayuda económica y al desarrollo un plan exhaustivo de desmantelamiento de redes de tráfico y rutas de clandestinos.

Este último será uno de los objetivos prioritarios que abordarán los países de la Unión Europea y las naciones africanas en la Cumbre sobre Inmigración que, a iniciativa de España y Marruecos, se celebrará en Rabat la primera semana de julio.