Bilbao – Favorecimiento de la inmigración ilegal e imprudencia grave para la integridad de los refugiados. Estos son los cargos que presentó ayer la Fiscalía de la ciudad griega de Igumenitsa contra Mikel Zuloaga y Begoña Huarte, los activistas vascos detenidos la noche del martes cuando trataban de sacar del país a ocho solicitantes de asilo en una autocaravana. Fuentes de la Fiscalía explicaron que se les procesará por facilitar y efectuar el traslado de personas a otro país de forma ilegal, y reconoce, por lo tanto, que no existió ánimo de lucro, por lo que descarta el tráfico de personas.

Este era uno de los principales temores del entorno de los activistas, ya que se trata de un delito castigado con penas de cárcel muy elevadas. Sobre el segundo cargo, imprudencia grave para la integridad de los refugiados, la acusación considera que el habitáculo de la caravana en la que debían ser trasportados los refugiados no reunía las condiciones de seguridad necesarias, según explicaron ayer fuentes de la defensa.

“Aquí hemos visto que están trasladando a los refugiados en condiciones muchísimo peores a las que nosotros íbamos a trasladar a los que venían con nosotros, en espacios más pequeños están metiendo a 14 personas”, se defendió ayer Huarte desde el centro de detención en declaraciones al periodista Hibai Arbide. En su declaración, programada para hoy, los abogados tienen previsto alegar que el habitáculo de la autocaravana solo iba a utilizarse para cruzar la frontera. Los detenidos comparecerán finalmente hoy ante el juez instructor de Igumenitsa, quien decidirá junto a la Fiscalía si son puestos en libertad bajo fianza o permanecen en detención preventiva.

En un primer momento estaba previsto que comparecieran ayer ante el juez, pero la defensa solicitó más tiempo para preparar la declaración. “Estos casos siempre son duros, pero estamos bien, estamos fuertes, las condiciones no son las óptimas, pero los refugiados están peor y eso mismo nos da ánimos”, señaló Zuloaga, al entrar a los juzgados, a Telesur. Allí mismo se encontraban, asimismo, un grupo de voluntarias vascas que colaboran en campamentos de refugiados cercanos y que acudieron al lugar tras enterarse de la detención para “mostrar su solidaridad con Mikel y Bego”.

El juicio, para el que todavía no hay fecha, se celebrará ante la audiencia de Corfú, isla en el mar Jónico situada cerca de la costa de Igumenitsa. Ahí es donde se celebran los juicios por delitos graves. Zuloaga y Huarte fueron detenidos la noche del martes cuando trataban de ingresar con su caravana, en la que transportaban a ocho refugiados, en un ferry rumbo a Italia. El objetivo era traer a dichos solicitantes de asilo a Euskadi, donde estaba prevista su acogida por parte de organizaciones de la sociedad civil. Es iniciativa se enmarca en una acción de “desobediencia civil” como denuncia contra las políticas europeas hacia los refugiados.

Reacciones La detención de los activistas ha despertado críticas tanto a nivel político como civil. Así, plataformas sociales han convocado para estos días concentraciones en Bilbao, Donostia, Gasteiz e Iruñea en apoyo a Zuloaga y Huarte. Mientras, los portavoces municipales de EH Bildu, Udalberri – Bilbao en Común y Goazen Bilbao, Aitziber Ibaibarriaga, Carmen Muñoz y Francisco Samir Lahdou, registraron ayer una solicitud urgente de reunión de la Junta de Portavoces para consensuar una declaración institucional de apoyo y en demanda de la libertad de los detenidos. “Huarte y Zuloaga han puesto los derechos humanos por encima de leyes y normas injustas. Por ello apoyamos su acción de desobediencia civil entendiendo que es legítimo que la sociedad civil quiera rebelarse ante las políticas migratorias europeas vulneradoras de derechos”, apuntaron.

En el texto indicaron que Bilbao “tiene la firme voluntad de ayudar y acoger a las personas refugiadas y plantearon al resto de los grupos municipales del Ayuntamiento a sumarse a la solidaridad y denuncia política expresada “por múltiples agentes vascos”.

Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, explicó que la presencia y capacidad de influencia del Gobierno vasco “fuera de las fronteras es muy limitada”. “Se ha hecho lo que se hace en este tipo de ocasiones, como es establecer contacto con los familiares y con las autoridades de los dos países – embajada y consulado español en Grecia, así como las autoridades griegas – para trasladar la inquietud” de Lakua y la disposición a “ayudar y colaborar”.

El primer contacto se produjo el mismo miércoles y será “permanente”, detalló Erkoreka. Asimismo, el portavoz del Gobierno vasco indicó que “se estará explorando la posibilidad de poder contribuir a que el proceso a poner en marcha se pueda desarrollar de la manera menos dañina”.