La llegada de 30 refugiados a la Comunitat ha vuelto a desatar un enfrentamiento entre el Gobierno y el Consell. Su vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, reprochó ayer a la Delegación del Gobierno que informase primero a los medios de comunicación que a la propia conselleria de la entrada desde Grecia de 18 exiliados a Valencia y 12 a Castellón.

«Este es el nivel de información que se nos envía, un correo electrónico después de los medios», lamentó Oltra. En este sentido recalcó que la Delegación de Gobierno «se empeña en competir con el Gobierno valenciano» y espera que ante los reiterados ruegos para que cambien su actitud «en todos los temas», entiendan que las instituciones públicas «deben cooperar y no competir».

Ante estas acusaciones, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, aseguró que la vicepresidenta «falta a la verdad» cuando alega que los medios fueron los primeros en conocer la llegada del grupo de solicitantes de asilo. «La Generalitat recibió una comunicación el día 27 de diciembre, a las 18.20 horas, en el correo electrónico indicado por el Consell a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, por lo tanto fue informado un día antes igual que el resto de comunidades autónomas», concretó Moragues.

Esta disputa por la información y el tratamiento de los refugiados coincidió con la presentación de la nueva red de Oficinas de Migrantes que precisamente en 2017 ampliará la asistencia, además de a los inmigrantes, a todos los refugiados y emigrados valencianos que quieran regresar. Este proyecto llamado ‘Pangea’, como se denomina a la tierra antes de la separación de los continentes, escogido como forma de ilustrar «la unión» y la inclusión, quiere acabar con «las arbitrariedades, la miseria y la opacidad» de la Agencia de mediación para la Integración y la Connivencia Social, ideada por el exconseller Rafael Blasco.

El número de oficinas prácticamente se mantiene en 86, pero algunas de ellas cambian de ubicación. El presupuesto se triplica hasta los 1.800.000 euros respecto a 2015 y las subvenciones a los municipios, en lugar de por orden de ayudas, pasan a ser nominativas para que los municipios «sepan qué van a recibir con seguridad y estabilidad», explicó Oltra. Los fondos se concederán a partir del número de habitantes, en poblaciones de más de 20.000 habitantes, y con un porcentaje de población inmigrante del 10%. Además las funciones aumentan, ya que no serán solo puntos de información sino que se encargarán de «conseguir la cohesión social y de convivencia, lograr su inclusión y garantizar sus derechos».

La consellería liderará la política de migración pero serán los ayuntamientos, por una política de proximidad, los encargados de aplicarla. «Todos somos o podemos ser personas migrantes por eso hay que incidir en estas políticas», concluyó la vicepresidenta del Consell.