Modificar la Ley de Extranjería, abrir un nuevo proceso de regularización, conceder beneficios a quien denuncie la explotación laboral o reforzar la Inspección de Trabajo son algunas de las medidas que proponen sindicatos y colectivos sociales gallegos para paliar, y evitar en lo posible, las irregularidades en el empleo de extranjeros.

Peticiones de esta índole se sustentan en un denominador común: la certeza de que el abuso sobre el trabajador inmigrante sin documentos es generalizado, tal y como ponen de manifiesto las denuncias de los agentes sociales y las propias inspecciones de trabajo, según las cuales el 97% de las infracciones observadas en el 2005 en Galicia estuvieron motivadas por ilegalidades de esa índole.

En opinión de Lois Pérez Leira, responsable de CIG – Migración en Vigo, una solución sería «regularizar e modificar a lei para facela máis humanitaria, de xeito que permita arranxar a situación dos inmigrantes que xa están en España e a dos fillos e netos de españois retornados».

Derechos para todos

Después de matizar que la Inspección de Trabajo debe perseguir los abusos y los sindicatos denunciarlos, Pérez Leira aboga por que se abra un segundo proceso de regularización para quienes no pudieron empadronarse, corregir los datos del padrón o acogerse a ofertas de trabajo, así como para los casados en situación legal, pero cuya pareja no lo está. «Habería que conseguir que ningún inmigrante estivese sen dereitos», afirma el sindicalista, para quien el explotador es una persona sin escrúpulos que responde «ao perfil do pequeno empresario con escasa cultura empresarial».

Al igual que el representante de CIG, Marta Albaladejo, del Centro de Información de Traballadores Estranxeiros (CITE) para la provincia de Pontevedra, adscrito a Comisións Obreiras, coincide en que se debe reformar la ley y que otra regularización mejoraría las condiciones de muchos inmigrantes que no han podido salir a la luz, precisamente los más susceptibles de convertirse en víctimas.

Dependencia

Tras señalar que la Inspección de Trabajo debe reforzar sus controles e implicarse más en la persecución de la conculcación de los derechos de los trabajadores extranjeros, esta sindicalista añade un dato cuyas consecuencias se dejan sentir en el empleo y con cuya lectura coinciden otros expertos: «La regularización ?añade Albaladejo? ha puesto el proceso en manos de los empresarios».

Esta es una de las cuestiones fundamentales para Miguel Fernández, portavoz del Foro da Inmigración, que agrupa a una treintena de asociaciones cívicas, sindicatos y partidos políticos. «A regularización ?afirma? vinculouse moito ao ámbito laboral, o que é positivo, pero tamén negativo xa que crea dependencia do traballador ao empresario, de tal xeito que moitos pagan a Seguridade Social porque se lles prometen papeis para legalizar a súa estadía no país».

Isabel Quintáns, responsable de la secretaría de inmigración de CITE Galicia, observa en esta clase de «promesas» una intención perversa por parte del contratador, que sabe que el inmigrante debe demostrar que ha cotizado seis meses a la Seguridad Social para renovar el contrato. «Moitos estranxeiros aceptan pagalo seguro do seu bolsillo ?dice Quintáns? porque pensan que é algo transitorio e porque deste xeito se garanten un ano de traballo».