Los Manzanares-Cortés se sienten presionados por vecinos de Abetxuko, algunos de los cuales continúan con movilizaciones para rechazar su presencia en el barrio. Pedro Mari Manzanares, el cabeza de familia, ha recurrido a la Ertzaintza. Ha presentado, según ha podido saber EL CORREO, una denuncia formal «por coacciones» en la comisaría de Lakua. No es la primera, pero sí se produce en un contexto distinto a las anteriores: desde hace menos de una semana no es una ‘familia ocupa’; tiene regularizada su situación en otra vivienda del barrio.

El paso dado por los ‘pichis’ responde, de hecho, a las más recientes marchas vecinales con parada ante su nuevo hogar, el que les ha facilitado una mujer próxima al colectivo SOS Racismo que se ha erigido en su apoyo en las últimas semanas. Unos escraches que dan continuidad, aunque son menos multitudinarios, a los que se han venido realizando desde hace más de dos meses, durante el periodo de ocupación ilegal de la vivienda de Arantxa, en El Cristo, 54. Ahora se realizan sin la convocatoria ni la supervisión del colectivo vecinal Uribe Nogales.

La asociación decidió desmarcarse como entidad tras conocer que la familia ligada al clan gitano bilbaíno había firmado contrato de alquiler para alojarse tres portales más abajo, en el 48, dirección en la que además están empadronados desde el 29 de noviembre. Uribe Nogales «arrojó la toalla», según la expresión utilizada por sus propios portavoces, y cargó toda responsabilidad en «la gestión» del conflicto tanto en el equipo de Gobierno municipal como en los servicios sociales.

Pedro Mari Manzanares, aconsejado por SOS Racismo Araba, decidió acudir a la comisaría central de la Ertzaintza a última hora de la noche del lunes, en torno a las once. Lo hizo en compañía de Fede García, portavoz del colectivo que desde hace más de un mes le viene dando asesoramiento legal. La denuncia se refiere, en concreto, a las tres concentraciones que se han sucedido desde su traslado efectivo al nuevo domicilio. Según explicó García, responde al «cerco a una casa que está ya ocupada de manera legal» e insistió en que hace referencia expresa a situaciones de «acoso y coacciones». El portavoz de SOS Racismo recuerda, en este sentido, un hecho puntual reciente: «Dos personas participantes en esas manifestaciones se han llegado a plantar en la misma puerta de la familia».

Sin nombres ni apellidos
La denuncia es una llamada de atención «lógica», insiste, por los perjuicios que esas protestas están causando tanto al cabeza de familia como al resto de personas que residen en el inmueble (su mujer, tres menores y un joven matrimonio). Aunque no señala a ningún vecino en concreto. No hay nombres ni apellidos. Tiene carácter «genérico».

Los residentes que participan en estos «paseos» subrayan que los mensajes que se lanzan «rechazan la delincuencia» y abogan por la convivencia vecinal. En este cruce de denuncias recuerdan que un vecino mantiene también activa otra «por amenazas» contra esta familia. A mediados de noviembre el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria archivó provisionalmente otro expediente por «coacciones y amenazas» impulsado por Pedro Mari Manzanares contra un responsable de Uribe Nogales y contra el párroco del barrio vitoriano. Manzanares llegó a pedir también el amparo de la Fiscalía Superior del País Vasco. Ya entonces su titular, Juan Calparsoro, advirtió que los «insultos y coacciones» contra la entonces ‘familia ocupa’ resultaban «inadmisibles» y podrían ser un «delito».