“No sé si los españoles saben lo que pasa allí dentro. No lo creo”. Pape, un senegalés de 24 años fue expulsado de España en 2014 tras pasar una temporada en el CIE de Aluche, en Madrid. Vivía en Galicia desde los 14 años. Tenía arraigo, novia, trabajaba siempre que podía. Y conservaba tan buena opinión de nosotros, los españoles, que estaba seguro de que si supiéramos que los CIE son un agujero negro de los derechos humanos, ya nos habríamos rebelado.

Está claro que Pape vivía engañado. Dos años después seguimos –los españoles– preocupados por nuestras cosas (seguro que muchas muy importantes), pero muy despreocupados por lo que ocurre tras las puertas de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Aunque estén cerca, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Algeciras, en Las Palmas…, preferimos no ver para no tener que hacernos preguntas, preferimos no oír, para no avergonzarnos de nuestra pasividad cómplice. Somos capaces de condenar con energía los guantánamos lejanos, pero nos cuesta un mundo salir a la calle para protestar por los que tenemos a la puerta de nuestras casas.

En los últimos días el “motín” de un grupo de internos del CIE de Madrid y la solidaridad de los recluidos en el de Barcelona han puesto de nuevo en las noticias la tremenda situación de falta de libertad y derechos en la que viven las personas que son retenidas en estos centros. Desprovistos de todo, separados de sus familias y su entorno, con la incertidumbre permanente de acabar siendo expulsados, bajo un régimen que fomenta los malos tratos, pueden estar allí hasta sesenta días sin haber cometido delito alguno, tan solo por una irregularidad administrativa, por no tener los papeles en regla.

Muchos prefieren pensar que algo habrán hecho o que entraron ilegalmente en España, pero si nos atenemos al informe anual del Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), una gente que conoce de primera mano lo que sucede dentro de los CIE, la diversidad de circunstancias de las personas que acaban en estas instalaciones es tal, que al final apenas el 40% es finalmente expulsado.

Esto quiere decir que en España, en el siglo XXI, con pleno conocimiento público, estamos permitiendo que se retenga de manera ilegal a miles de personas en unos lugares que, según los propios jueces que se ocupan de controlar lo que en ellos sucede, son peores que las cárceles. “Son centros de sufrimiento y espacios de impunidad policial”, aseguraba hace unos días Ramiro García de Dios, uno de los tres jueces encargados del CIE de Aluche en Madrid. “Se está incumpliendo la normativa, hay una enorme falta de información y formación entre los propios jueces”, denunciaba Victoria Rosell, jueza encargada del CIE de Las Palmas.

No podemos permanecer pasivos ni un minuto más ante esta situación. Este viernes por la tarde, a las 19 horas, en Castellana, 5, frente al Ministerio del Interior habrá una concentración pidiendo el cierre de los CIE. Si les duele esta injusticia y pueden acercarse, allí les espero. Si no, les invito a que emitan su queja al Defensor del Pueblo a través de su web. Es rápido y sencillo y si somos muchos lograremos que esta institución, que sí ha estado preocupada por el tema, vuelva a interesarse.