Un malentendido entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a cuenta de 21 refugiados enfermos derivó ayer en un agrio cruce de acusaciones entre ambas administraciones. El Gobierno de Manuela Carmena denunció públicamente que el de Cristina Cifuentes se había negado a prestar asistencia sanitaria a personas huidas de la guerra en Siria que «necesitan operaciones quirúrgicas para que sus lesiones no tengan consecuencias irreversibles», un extremo que en la Puerta del Sol se apresuraron a desmentir.

El anuncio de la supuesta negativa del Ejecutivo regional lo hizo la concejal de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, en una rueda de prensa en la que informó de que tratarían de lograr «la colaboración de hospitales privados» para que se realizaran las intervenciones que teóricamente no se podrían hacer en los centros de la red pública. «La verdad es que no salgo de mi asombro, estoy impactada», afirmó la edil.

Según explicó la también primera teniente alcalde de Carmena, el miércoles por la tarde recibió una llamada de alguien de la Consejería de Sanidad instándole a que solicitara ayuda para dichas operaciones «al Gobierno de España» a pesar de que el titular de dicho área, Jesús Sánchez Martos, le había mostrado personalmente la semana pasada su predisposición a atender a estas personas y garantizar una «revisión médica» para sus familias.

La Comunidad de Madrid, sin embargo, negó tajantemente este anuncio. «El Servicio Madrileño de Salud atenderá a todas las personas con estatus de refugiado que requieran atención sanitaria, ya sea en el ámbito preventivo o en el asistencial», explicaron a través de un comunicado en el equipo de Cifuentes, que calificó de «falsas» y «desleales» las afirmaciones del Ayuntamiento.

En la Consejería de Sanidad aseguraron que, «ya están analizando la documentación clínica de estos pacientes para determinar los servicios y centros más adecuados para su tratamiento». Asimismo, recordaron que en la red pública se atiende a todos los inmigrantes, «incluso los sin papeles». En la Comunidad de Madrid sostienen que el origen de la confusión estuvo en la llamada que recibió Higueras en la que le indicaron que «el estatus de refugiado no lo otorga el Ayuntamiento, sino el Gobierno de España».