La Fundación Amigó ha resultado la ganadora en el concurso celebrado por el Ayuntamiento para la oferta y gestión de 20 plazas dirigidas a familias de inmigrantes que lleguen a la ciudad y carezcan de domicilio. La propuesta es la de cobrar 344.431 euros durante dos años, en un servicio que incluye la manutención y el apoyo social a estas personas. Esto supone que el coste anual por persona se eleva al menos a 8.600 euros.

El requerimiento se publicó ayer en la página web municipal y falta sólo la adjudicación definitiva para que se ponga en marcha el servicio, uno de los recursos ideados por el gobierno tripartito para acoger, entre otros grupos, a refugiados de la guerra en Siria.

El alcalde Joan Ribó llegó a plantear a mediados del pasado año, cuando las oleadas de refugiados estaban en su apogeo y colapsaban los servicios de rescate en Grecia, el ofrecimiento del edificio Veles e Vents como centro de acogida, además de la apertura de cuentas corriente para donativos de vecinos.

Algunas de estas cuentas se han cerrado por falta de ingresos, aunque la junta de gobierno aprobó una modificación de créditos por 200.000 euros para ayudas de este tipo. Se trata de proporcionar «servicios básicos a la población extranjera no domiciliada en situación de emergencia social, para su primera acogida y el inició de su proceso de integración en la ciudad», como se indica en la web municipal. El detalle del concurso no desvela la ubicación de las viviendas, en un proceso al que se presentó también la Fundación Apip – Acam, quien logró 78 puntos, frente a los 94 puntos de la oferta ganadora. El contrato obliga a atender las necesidades de alojamiento y manutención, incluyendo desayuno, comida y cena, para 20 personas al día, enseres de aseo personal y de higiene doméstica.

También una atención social para las personas alojadas en las viviendas, junto a la gestión de un itinerario individualizado de inserción socio – laboral, para cada persona. Además del asesoramiento, la fundación debe también empadronar a los beneficiarios en dichas viviendas, además de identificarlos mediante una tarjeta, junto a la tramitación de la Tarjeta de Asistencia Sanitaria, cuando sea posible.

Otra de las obligaciones es dar cobertura al coste de la medicación necesaria para el tratamiento de problemas de salud, hasta un máximo de 900 euros anuales, cuando no sea posible a través del Sistema Nacional de Salud. La entidad se hará cargo también de las gestiones y el coste de la tramitación de documentos de identificación (carta de identidad, pasaporte, etc.). Por último, el contrato firmado con el Consistorio también prevé que informen sobre recursos de formación laboral, e intermediación para conseguir un empleo en Valencia.